El juez Claudio Silvestri sostuvo que habilitar el traslado del excapellán, condenado por crímenes de lesa humanidad, implicaría una flexibilización de la ejecución de la pena. Además, un grupo de asociaciones envió una nota al nuncio apostólico para que el pontífice se pronuncie sobre su situación.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata rechazó el pedido de Christian Federico von Wernich para ser trasladado al penal de Villa Devoto y así poder ver al papa León XIV durante su visita prevista al país entre el 8 y el 11 de noviembre.
Von Wernich, excapellán de la Policía Bonaerense, cumple prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura. Está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El 23 de septiembre envió una nota al obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para que intercediera ante el TOF 1 y solicitara su traslado a la cárcel de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Claudio Ricardo Silvestri, a cargo de la ejecución de la condena, resolvió rechazar la solicitud. En su resolución, consideró que el pedido debía examinarse como una salida extraordinaria, similar a la que se concede cuando un familiar está grave o fallece, pero sostuvo que no estaba debidamente fundada. Agregó que habilitar el traslado implicaría una “flexibilización de la ejecución de la pena” para una persona condenada por delitos de lesa humanidad.
“A mayor abundamiento, no debe soslayarse que Von Wernich se encuentra cumpliendo una condena firme impuesta por delitos de lesa humanidad, circunstancia que impone observar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción efectiva de graves violaciones a los derechos humanos”, escribió Silvestri.
El TOF 1 también rechazó que se tratara de un caso de libertad de conciencia, ya que la posibilidad de profesar el culto debe estar garantizada en el lugar de reclusión. Según el tribunal, von Wernich no denunció ni acreditó ningún obstáculo concreto para el ejercicio del culto en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
“La protección de la libertad religiosa no se traduce en una obligación de autorizar el traslado a todo establecimiento en el que se celebre un acontecimiento de especial significación para el interesado. La negativa a un desplazamiento determinado no lesiona, por sí misma, esa garantía, siempre que se aseguren posibilidades efectivas de profesar y practicar su religión en el lugar de alojamiento”, sostuvo Silvestri.
Von Wernich está detenido desde septiembre de 2003 y fue condenado a prisión perpetua en octubre de 2007 por su rol como capellán de la policía bonaerense bajo el mando de Ramón Camps durante los primeros años de la dictadura. Según la sentencia, ingresaba a los campos de concentración y participó de un engaño a siete prisioneros y sus familias, a quienes se les prometió que saldrían del país pero fueron asesinados durante un traslado. Algunos de sus cuerpos fueron hallados en el cementerio de Avellaneda por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); otros, según la declaración de un policía, habrían sido incinerados en el centro clandestino conocido como Puesto Vasco.
Por otro lado, un grupo de asociaciones envió una nota a Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina designado por León XIV en mayo pasado, en la que se menciona el caso de von Wernich. En el texto, se lo presenta como un excapellán “anciano y recluido” que ha estado “bajo presión incluso por el secreto de confesión”, sin mencionar los crímenes por los que fue condenado. La nota alude al pedido para estar presente durante la visita del pontífice a Devoto y sostiene que “un encuentro con alguno de estos detenidos, o una palabra del Santo Padre sobre ellos, puede devolver la cordura a nuestro país e iniciar un camino de la reconciliación necesario entre los argentinos”.
El pedido es impulsado por Justicia y Concordia, Cecilia Pando, el abogado Guillermo Fanego, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo, el Foro de Generales Retirados, Patria y Justicia –grupo que lidera Ana Maggi, esposa del represor Ernesto “Nabo” Barreiro–, la Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) y la Unión de Promociones.
El mes pasado, Cecilia Pando junto con integrantes de Justicia y Concordia visitó el Ministerio de Justicia, donde fueron recibidos por el secretario de Justicia, Santiago Viola. La visita se concretó diez días después de que la Corte Suprema ordenara al Cuerpo Médico Forense (CMF) confeccionar un protocolo que podría facilitar el arresto domiciliario de los pocos represores presos. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), actualmente hay 73 represores presos, la mayoría en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informa que son 58 las personas recluidas en esa unidad.