La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre las condiciones de detención de personas con discapacidad en establecimientos federales. El relevamiento abarcó siete unidades, entre ellas la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia, e identificó obstáculos en el acceso a atención médica, elementos de apoyo, educación y trabajo.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) elaboró un informe sobre la situación de personas con discapacidad privadas de libertad en cárceles federales. El documento se basó en entrevistas realizadas durante inspecciones a siete establecimientos, entre ellos la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia.
El relevamiento incluyó a 28 personas —27 hombres y una mujer— de entre 25 y 74 años, con una edad promedio de 45 años. Las unidades relevadas fueron los Complejos Penitenciarios II y V de Marcos Paz y Senillosa, y las unidades penitenciarias N°4 y N°13 de Santa Rosa, N°7 de Resistencia, N°35 de Pinto y N°36 de Coronda.
Según el informe, 12 personas (42,9%) tenían discapacidad motora; 9 (32,1%), visual; 6 (21,4%), auditiva; y una (3,6%), visual y auditiva combinada. Cuatro personas (14,3%) manifestaron haber adquirido la discapacidad durante el encarcelamiento, mientras que 23 (82,1%) indicaron que la tenían antes de ingresar al sistema penitenciario. En un caso no se informó el origen.
Respecto del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ocho personas (29%) dijeron tenerlo o haberlo tenido, y 20 (71%) manifestaron no contar con ese documento.
El informe detectó dificultades en la atención médica: de las 23 personas que respondieron sobre la atención al momento del ingreso, 10 dijeron que no habían sido evaluadas. Nueve de las 12 que tenían indicado un tratamiento específico señalaron que no lo recibían. Además, 13 de las 18 que respondieron sobre controles médicos periódicos manifestaron no contar con ellos.
La PROCUVIN también identificó falta de provisión, reparación o reemplazo de elementos de apoyo como bastones, andadores, muletas y audífonos. Ocho personas declararon necesitar una ayuda técnica y no contar con ella.
En cuanto a las barreras edilicias, el documento señaló que la falta de adecuación de los establecimientos dificulta los desplazamientos desde las celdas hacia sectores de recreación, sanitarios, duchas y espacios destinados a cocinar, estudiar o trabajar.
Sobre la participación en actividades educativas, 15 personas (55,6%) indicaron que participaban. La procuraduría advirtió que esas propuestas no contemplan necesariamente adaptaciones para personas con discapacidad visual o auditiva ni ayudas técnicas, y señaló problemas en los espacios físicos y situaciones en las que los detenidos dependen de la asistencia de agentes penitenciarios o de otros internos.
En materia laboral, tres de las 28 personas relevadas (10,7%) manifestaron desarrollar alguna actividad de trabajo. Las demás señalaron que habían solicitado acceder a un empleo pero no obtuvieron respuestas debido a la falta de puestos disponibles o porque consideraban que su discapacidad les impedía acceder a los cupos existentes. Para la PROCUVIN, esta exclusión puede repercutir en la calificación penitenciaria y en las posibilidades de avanzar en el régimen de progresividad de la pena, regulado por la Ley 24.660.
El relevamiento también examinó el acceso a medidas alternativas al encarcelamiento. De las 24 personas que respondieron sobre este punto, nueve manifestaron haber solicitado alguna medida alternativa o prisión domiciliaria. Las respuestas hicieron referencia a pedidos en trámite, rechazados o presentados tiempo atrás sin novedades posteriores.
El informe destacó la Acordada 21/26 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 21 de agosto pasado, que encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo para sistematizar la evaluación del estado de salud de las personas privadas de libertad y las posibilidades concretas de recibir tratamiento en el establecimiento donde están alojadas. Según la PROCUVIN, la acordada reconoce que la detención carcelaria puede resultar inadecuada cuando implica un trato indigno, inhumano o cruel.
El organismo aclaró que el relevamiento constituye una primera aproximación y que no permite extrapolar sus resultados al conjunto de las cárceles federales. La investigación continuará durante 2027 y prevé incorporar discapacidades orgánicas, intelectuales y mentales.
Con información de Fiscales.