A través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el Registro Nacional de las Personas fijó nuevos aranceles para pasaportes y DNI, reglamentó la gratuidad del documento y estableció requisitos socioeconómicos para acceder a la exención.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso un aumento del 30% en los costos para la tramitación de pasaportes y reglamentó el procedimiento sobre quiénes pueden acceder a la gratuidad del DNI y qué requisitos socioeconómicos deben acreditar.
A través de la Disposición 759/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional del RENAPER formalizó la conversión del cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD), que comenzará a regir a los 10 días de su publicación oficial.
En el texto oficial, se explicó que la medida apunta a “continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos”, y busca “garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos”.
El valor de la UAD quedó fijado en $1.000. Con este nuevo parámetro, los precios de los trámites quedan de la siguiente manera:
- Pasaporte ordinario para argentinos (entrega regular): 130 UAD, equivalente a $130.000.
- Pasaporte de entrega exprés: 260 UAD, $260.000.
- Pasaporte de resolución inmediata: 429 UAD ($429.000), trámite que se realiza únicamente en puntos habilitados.
- Pasaportes excepcionales y documentos de viaje especiales: 130 UAD ($130.000) tanto para el pasaporte excepcional para extranjeros como para los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas.
- Reemisión sin cargo: si el documento presenta errores formales atribuibles a la emisión, la reemisión es sin cargo, siempre que se solicite dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el error se compruebe por simple cotejo documental.
El Documento Nacional de Identidad aumentará hasta un 100%, según dispuso la Resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Vicejefatura de Gabinete del Interior. De esta manera, tramitar el DNI a partir del 21 de noviembre tendrá los siguientes costos:
- DNI regular: $20.000.
- DNI exprés: $52.000.
- DNI al instante: $114.000.
- DNI extranjero: $40.000.
En relación con el Documento Nacional de Identidad, la Disposición 755/2026 avaló el “Manual para la aprobación de gratuidad”, que contempla la exención del pago de la tasa a favor de personas que no dispongan de recursos económicos suficientes.
Para acceder al beneficio de exención, la reglamentación contempla dos vías diferenciadas. Por un lado, la exención se otorga de forma directa mediante la verificación de datos e interoperabilidad entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Por otro lado, si el sistema no otorga la exención automática, el ciudadano debe iniciar una solicitud voluntaria acompañando un Certificado de Gratuidad.
Este certificado debe ser emitido con la intervención de Licenciados en Trabajo Social o profesionales afines de instituciones asistenciales, estar dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y tener una vigencia inferior a 30 días.
Las solicitudes ingresadas en la “Bandeja de Gratuidad” son evaluadas de forma individual por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). En caso de que el trámite sea rechazado por no cumplir los requisitos socioeconómicos o presentar inconsistencias, el solicitante recibirá una notificación automática al teléfono celular de contacto informado.
El organismo aclaró expresamente que poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) no otorga la gratuidad de manera automática, sino que de todas maneras se debe justificar la carencia de recursos económicos mediante la documentación correspondiente.
Además, estipuló que los operativos móviles de documentación en barrios o zonas específicas deben fundamentar previamente las condiciones socioeconómicas del lugar para habilitar trámites gratuitos. El nuevo régimen de gratuidad entra en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, dejando sin efecto la antigua Resolución 548/1992.