Juan José Bergia, ex legislador provincial y presidente del NEPAR, analizó las nuevas exigencias de la Unión Europea para importar productos libres de deforestación y su impacto en la producción chaqueña. Señaló que el 50% del territorio provincial conserva bosques nativos y que los pequeños y medianos productores del norte enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos de trazabilidad y certificación.
Las nuevas exigencias de la Unión Europea para importar productos libres de deforestación representan un desafío para la producción chaqueña. Es necesario discutir cómo se implementarán, quiénes podrán cumplirlas y qué respaldo tendrán los productores que históricamente desarrollaron su actividad conservando el monte nativo.
(*) Por Juan José Bergia
La entrada en vigencia del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) abre un nuevo escenario para las cadenas productivas vinculadas a la ganadería, la agricultura y la actividad forestal. Se trata de exigencias que apuntan a garantizar la trazabilidad de los productos y demostrar que no provienen de superficies deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Si bien el objetivo ambiental de estas disposiciones puede resultar atendible, es necesario advertir que su implementación tendrá consecuencias económicas y productivas muy diferentes según las características de cada región. Y en ese debate, el Chaco no puede quedar afuera.
Nuestra provincia tiene una particularidad que no siempre es contemplada en las discusiones nacionales: alrededor del 50% de su territorio conserva cobertura de bosques nativos. Esto significa que buena parte de nuestra producción agropecuaria, especialmente en el norte provincial, convive con ecosistemas naturales que forman parte de la propia estructura productiva de los establecimientos.
La realidad del productor chaqueño no es la misma que la de otras regiones del país. En buena parte del norte provincial, la ganadería se desarrolla históricamente bajo sistemas silvopastoriles y modalidades de producción extensiva, donde el monte no constituye necesariamente un obstáculo para producir, sino que forma parte del sistema productivo. Aquí existen productores que llevan generaciones trabajando con el bosque, aprovechando sus recursos y manteniendo la cobertura vegetal como parte de su actividad económica.
Sin embargo, las nuevas exigencias internacionales obligarán a quienes pretendan colocar sus productos en el mercado europeo a adecuar sus sistemas de producción, incorporar mecanismos de trazabilidad, identificar geográficamente los establecimientos y acreditar el cumplimiento de determinadas condiciones ambientales. Esto implica costos, trámites, asistencia técnica y nuevas responsabilidades.
El problema es que semejante esfuerzo de adaptación no viene acompañado de ninguna garantía de que el productor vaya a recibir un mejor precio por su producción. Se le exige invertir, modificar procedimientos y asumir costos adicionales para conservar un mercado de destino, pero nadie asegura que esa mayor exigencia se traduzca en una compensación económica.
También debemos comprender que no estamos hablando de exigencias que cualquier productor pueda afrontar en igualdad de condiciones. Los sistemas de certificación y trazabilidad requieren conectividad, recursos económicos, asesoramiento técnico y capacidad administrativa.
Son condiciones que pueden estar al alcance de establecimientos de mayor escala, pero que representan una dificultad enorme para pequeños y medianos productores, particularmente para quienes desarrollan su actividad en el norte del Chaco, donde las distancias, la infraestructura y las condiciones de acceso a los servicios son completamente diferentes.
En este contexto, llama la atención que algunos sectores del gremialismo ganadero celebren estas nuevas disposiciones como si representaran automáticamente una oportunidad para toda la producción. Hay una distancia importante entre esa mirada y la realidad cotidiana de los productores del norte provincial. No se puede acompañar acríticamente una exigencia internacional sin preguntarse cuántos productores quedarán en condiciones de cumplirla y cuántos podrían terminar excluidos de determinados circuitos comerciales.
Tampoco podemos desconocer la discusión que se está generando alrededor del sistema VISEC y los costos que implica su implementación para los productores. Las objeciones a los mecanismos de certificación y, particularmente, a las retenciones que se han señalado en torno al 5% por parte de frigoríficos exportadores para afrontar los gastos de estas gestiones, merecen una explicación transparente. No es razonable que el costo de adecuarse a las exigencias de los mercados internacionales termine trasladándose unilateralmente al eslabón más débil de la cadena productiva.
Por eso considero que este escenario representa un desafío institucional para las autoridades del Ministerio de la Producción y para el Poder Ejecutivo provincial. Es necesario promover las instancias de diálogo y gestión que correspondan ante el Gobierno nacional y la propia Unión Europea, para que se comprenda la realidad ambiental y productiva del Chaco y se adecuen los mecanismos de aplicación de estas exigencias a las características de nuestra provincia.
No estamos planteando que se desconozcan los compromisos ambientales ni que se renuncie a la trazabilidad. Estamos planteando que se reconozca a quienes producen conservando. En nuestra región existen sistemas productivos que mantienen el bosque nativo como parte de su funcionamiento, a diferencia de otras zonas núcleo del país, donde la transformación de los ecosistemas naturales para dar paso a la agricultura ocurrió hace muchas décadas y prácticamente eliminó su cobertura original.
No puede ser que se coloque en una misma situación a quien produce sobre territorios que conservan millones de hectáreas de monte nativo y a quienes desarrollan su actividad en regiones que transformaron casi por completo sus ecosistemas naturales. La política ambiental y comercial debe contemplar esas diferencias y reconocer el esfuerzo de quienes todavía mantienen esos ambientes.
Pero hay otra contradicción que merece ser señalada. Mientras se multiplican las exigencias internacionales hacia los productores para acreditar que sus actividades son compatibles con la conservación de los bosques, el propio Gobierno nacional propone en el Presupuesto 2027 un financiamiento absolutamente insuficiente para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la Ley 26.331.
La partida prevista para ese fondo asciende a $24.668 millones, cuando los recursos que corresponderían de acuerdo con el mínimo establecido por la propia ley superarían los $606.000 millones. Es decir, el proyecto contempla apenas el 4,07% de lo que debería destinarse legalmente.
Estamos hablando de recursos fundamentales para financiar proyectos de conservación y manejo sostenible, acompañar económicamente a los productores que preservan el bosque nativo y fortalecer las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar las autoridades provinciales.
La contradicción es evidente: por un lado, se pretende que los productores argentinos y chaqueños cumplan estándares ambientales cada vez más exigentes para acceder a los mercados internacionales; por otro, el Estado nacional no garantiza los recursos necesarios para sostener las políticas públicas que permiten conservar esos mismos bosques.
Esta situación demuestra una preocupante falta de coherencia. El Gobierno nacional no parece ocuparse de generar las instancias necesarias para defender las particularidades productivas de las provincias forestales frente a las nuevas exigencias internacionales, pero tampoco garantiza el financiamiento indispensable para mejorar las condiciones de conservación de nuestros bosques nativos.
El Chaco necesita una política que integre producción, conservación y desarrollo. No podemos permitir que las nuevas reglas del comercio internacional se conviertan en una barrera que termine perjudicando a nuestros productores, especialmente a los pequeños y medianos establecimientos del norte provincial.
Producir conservando también tiene un valor económico, social y ambiental que debe ser reconocido. Y si el mundo pretende que conservemos nuestros bosques, también tiene que comprender que quienes viven y producen en esos territorios necesitan condiciones, acompañamiento y oportunidades para seguir haciéndolo.
(*) Ex legislador provincial. Presidente del NEPAR