La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra María Tettamanti, funcionarios del área y directivos de Harbour Energy por la incorporación de Southern Energy al RIGI. La acusación se basa en la presunta continuidad empresarial con Premier Oil, sancionada en 2013 por actividades en áreas próximas a las Islas Malvinas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, otros funcionarios del área y directivos de la empresa Harbour Energy. La acusación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, e incluye los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
El caso se centra en la participación de Harbour Energy en el consorcio Southern Energy, que impulsa un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) y que fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Harbour posee el 15% de esa iniciativa, integrada también por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Golar.
Según la PIA, la participación de Harbour debió ser objeto de una revisión más profunda debido a los antecedentes de la compañía. La denuncia sostiene que Harbour es continuadora de Premier Oil, una empresa británica que fue sancionada por el Estado argentino en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en zonas cercanas a las Islas Malvinas sin autorización nacional. La investigación busca determinar si las autoridades nacionales ignoraron o dejaron de aplicar restricciones legales vigentes al momento de autorizar operaciones y beneficios vinculados a la empresa.
Desde el entorno de Tettamanti y desde Harbour Energy rechazan las acusaciones y sostienen que la actuación de la empresa se ajusta al marco legal vigente. La discusión jurídica gira en torno a si Harbour debe ser considerada la continuadora directa de Premier Oil. Mientras la PIA afirma que existe continuidad empresarial suficiente para mantener vigente la inhabilitación, la empresa rechaza esa interpretación. En las últimas semanas, Harbour emitió una aclaración pública en la que aseguró que “no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.
La petrolera sostiene que sus operaciones actuales en la Argentina están vinculadas a activos adquiridos legalmente y a proyectos de producción de hidrocarburos en distintas cuencas del país, entre ellos participaciones en áreas de Vaca Muerta, en la Cuenca Marina Austral y en el consorcio Southern Energy. Desde el área energética del Gobierno remarcan que las autorizaciones otorgadas fueron emitidas por organismos competentes y que la incorporación de Southern Energy al RIGI fue aprobada mediante los mecanismos previstos por la legislación vigente. Hasta el momento, no hubo una respuesta pública formal de la Secretaría de Energía sobre el contenido específico de la denuncia.
El antecedente del caso remite a 2013, cuando el Estado argentino sancionó a Premier Oil por participar en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas vinculadas con las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales. Esa sanción se apoyó en la Ley 26.659, aprobada para impedir que empresas involucradas en operaciones consideradas ilegales en la plataforma continental argentina pudieran desarrollar actividades en territorio nacional. La PIA sostiene que Harbour Energy sería la continuadora jurídica y empresarial de aquella compañía sancionada, por lo que las restricciones deberían haberse mantenido vigentes.
Uno de los aspectos centrales del expediente es el vínculo con el RIGI. Southern Energy solicitó su incorporación en noviembre de 2024 y fue aprobado posteriormente mediante una resolución del Ministerio de Economía, lo que le permitió acceder a beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para grandes proyectos de inversión. La denuncia no cuestiona el proyecto de GNL en sí mismo, sino la presencia de Harbour dentro del consorcio beneficiado y la legalidad de las autorizaciones otorgadas por distintas áreas del Estado a una empresa cuyo estatus jurídico aparece ahora bajo discusión.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar y no implica una determinación de responsabilidades. Será la Justicia la que deberá establecer si existieron irregularidades en las autorizaciones otorgadas y si los funcionarios involucrados actuaron en contradicción con normas vigentes. La presentación fue realizada por el organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar posibles actos de corrupción y anomalías en la administración pública.
