El Gobierno nacional consiguió destrabar el proyecto de Súper RIGI, que promueve inversiones superiores a USD 1.000 millones, después de aceptar modificaciones que reclamaron senadores aliados. El acuerdo permitió avanzar con el dictamen en el Senado, aunque la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
El Gobierno nacional consiguió destrabar el proyecto de Súper RIGI, que promueve inversiones superiores a USD 1.000 millones, después de aceptar modificaciones que reclamaron senadores aliados. El acuerdo permitió avanzar con el dictamen en el Senado, aunque la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
La propuesta permanecía frenada desde septiembre, después del debate en comisión. En aquella instancia, los senadores Maximiliano Abad y Flavio Fama, de la UCR; el jefe del PRO, Martín Goerling; y el correntino Carlos “Camau” Espínola plantearon objeciones al texto que ya contaba con media sanción de Diputados.
El principal reclamo apuntó a proteger a los proveedores nacionales frente al avance de las importaciones que impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los legisladores pidieron ampliar el criterio de “precio/calidad” para evitar que las empresas extranjeras desplacen a la producción local. La nueva redacción establece que el precio de los bienes nacionales podrá superar hasta un 15% el valor comparable de la oferta extranjera, siempre que se cumplan condiciones equivalentes de calidad, cantidad y plazos de entrega.
Compre Argentino: más controles y multas
El acuerdo también incluyó garantías para sostener el compromiso de contratación de proveedores locales. El proyecto mantiene una cuota mínima del 20% de compras nacionales, con el objetivo de que las inversiones tengan un impacto en la economía argentina.
A la vez, las empresas proveedoras podrán importar con arancel cero bienes de capital, maquinaria y equipamiento destinados a desarrollar, ampliar o mejorar su capacidad productiva, siempre que esos bienes estén vinculados con el abastecimiento de los proyectos adheridos al programa.
Según explicaron en el Senado, la medida busca que las firmas locales modernicen sus plantas, reduzcan costos y mejoren su competitividad a largo plazo.
El Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales también establece que las obras y los servicios quedan excluidos del cálculo del 20% de contratación local. La decisión responde a la experiencia del RIGI, ya que la infraestructura de obra representa una proporción significativa de la inversión.
Otra modificación incorpora la intervención de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que podrá evaluar la competitividad de los precios de los bienes importados. El organismo podrá analizar posibles prácticas de dumping, subvenciones o condiciones de competencia desleal que perjudiquen a los proveedores argentinos.
Los senadores también consiguieron endurecer las sanciones para las empresas que incumplan las condiciones del Compre Nacional. La multa podrá alcanzar los montos de inversión destinados a proveedores que hayan quedado pendientes de ejecución. La propuesta original establecía una penalidad de hasta el 3% del déficit de contratación.
Las multas podrían llegar a los USD 20 millones
El cambio modifica el impacto económico de los incumplimientos. Según el proyecto que aprobó Diputados, una inversión de USD 1.000 millones debía destinar al menos USD 200 millones a bienes locales.
Con el esquema original, si la empresa no cumplía esa obligación, podía recibir una multa máxima de USD 6 millones. Con la nueva redacción, la sanción podría llegar a los USD 20 millones, de acuerdo con el ejemplo incluido en la propuesta.
Cuándo tratará el Congreso el proyecto
En principio, fuentes legislativas descartaron que el Súper RIGI integre el temario de la sesión prevista para el 26 de noviembre, cuando el Congreso debatirá la reforma electoral.
Por ese motivo, el Gobierno analiza incorporar la iniciativa al temario de las sesiones extraordinarias de diciembre. Como el Senado introdujo cambios al texto que aprobó Diputados, la Cámara baja deberá volver a tratarlo.
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