Tras las advertencias lanzadas por las empresas constructoras sobre las trabas y negativas de los bancos para financiar obras de las nuevas concesiones viales; la administración de Javier Milei salió a mejorar las condiciones del negocio de las rutas con peaje con un fondo estatal que fue previsto originariamente para las pymes y que ahora se utilizará como garantía contra un eventual congelamiento tarifario.
Se trata del «Fondo de Garantías Argentino» (FOGAR), que las empresas oferentes en las licitaciones de los 9.155 kilómetros de rutas nacionales podrán usar como respaldo y garantía de devolución de los préstamos que tomen en caso de que no se apliquen los aumentos de peajes incluidos en los contratos.
Aumento de peajes: Luis Caputo usa un fondo para Pymes como respaldo para concesionarios
La introducción de esa herramienta destinada a evitar que fracasen las concesiones en curso por falta de financiamiento junto con otros cambios que aligeran los requisitos de los pliegos licitatorios fueron comunicados por Martín Maccarone, quien viene desempeñándose como virtual «Secretario Coordinador de Infraestructura» del ministerio de Economía, sin haber sido nombrado hasta ahora en forma oficial para ese cargo.
Según explicó Maccarone, si durante el plazo de las concesiones el Estado llega a frenar o recortar los aumentos de peaje previstos en los contratos, el fondo de garantía cubrirá los montos afectados para que las concesionarias puedan devolver los préstamos tomados para las obras de rehabilitación y mejoras de las rutas.
El FOGAR es un fideicomiso público nacional que tiene como objetivo la inclusión financiera de las pymes y emprendedores particulares mediante el otorgamiento de garantías que permiten el acceso al financiamiento bancario.
Fue creado en el 2000 como «Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa —FOGAPYME—» y en 2018 pasó a tener su actual denominación de «Fondo de Garantías Argentino». Se alimenta con recursos que aporta el Estado Nacional y funciona como un fondo de segundo piso en forma directa con las entidades bancaria y financieras que conceden las líneas de créditos.
A principios de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo le transfirió al FOGAR más de $1 billón remanentes de tres esquemas de asistencias creados durante la pandemia para avalar créditos a pymes, monotributistas y empresas adheridas al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por medio de la resolución 734/25, Caputo ordenó el giro a las cuentas del FOGAR de los siguientes fondos: FAE MiPyMEs, $463.733 millones; FAE Créditos a Tasa Cero (PCA), $371.116 millones y FAE Programa ATP, $165.568 millones.
Además de poder acceder a la garantía de FOGAR, las empresas que se presenten en las licitaciones están habilitadas para conceder a los bancos y financiadores de las obras los «derechos emergentes» de hasta un 70% de la recaudación por peajes y de los ingresos de las explotaciones complementarias que tengan en sus áreas de concesión. También podrán «prendar y ceder fiduciariamente» sus acciones de la sociedad concesionaria que se constituya para la operación privada de las rutas.
Empresas como Mercado Libre podrían controlar parte de la obra pública
Otro cambio significativo en las reglas de juego que aprobó la gestión libertaria consiste en la posibilidad de que puedan competir empresas que no sean constructoras, ni tengan experiencia en obras viales mediante la presentación de avales y garantías de una compañía de seguros.
Al explicar el alcance de esa apertura, Maccarone señaló que «si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo y el Estado solo le exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra. Con esto vamos a romper el ‘club de la obra pública’ y la que va a decir qué empresa puede o no participar será la compañía de seguro».
A esas modificaciones en las bases licitatorias se agregaron otras tres que apuntan a facilitar e incrementar los ingresos de los futuros concesionarios de los 18 tramos viales que pasarían a manos privadas.
Esos cambios —que regirán para las dos primeras concesiones de los tramos «Oriental» (Autovía de Mercosur) y «Conexión» (puente Rosario-Victoria)— establecen lo siguiente:
- En primer lugar, se elevó la «Tasa Interna de Retorno» que estaba estipulada en los pliegos iniciales para el armado de las ofertas del 10% al 15%.
- En segundo lugar, se incrementó un 16% la «tarifa básica tope» fijada para cada una de las estaciones de peaje de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria que tendrán como referencia las empresas oferentes. En el caso de la autovía mesopotámica, la tarifa tope para un automóvil que era de $3.700 saltó a $4.300. En el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la tarifa tope de peaje pasó de $3.499 a $4.056.
- La tercera corrección alteró la cláusula que exigía terminar «todas las obras iniciales de puesta en valor» de cada tramo antes de empezar a cobrar los aumentos de peaje incluidos en las ofertas. Ahora, los ajustes tarifarios podrán adelantarse y aplicarse cuando concluyan los trabajos en las áreas más cortas en que se dividen las secciones del tramo que corresponden a cada cabina de peaje.
Mientras las empresas constructoras analizan si las nuevas condiciones son suficientes para poder presentar el 8 de setiembre ofertas por los dos primeros tramos en juego; el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) salió a remarcar sus cuestionamientos a las privatizaciones viales que impulsa el Gobierno.
«El sistema de concesiones fue un fracaso antes y ahora también lo será. Salvo en los accesos metropolitanos, resulta inviable poder afrontar y mantener las obras en todas las rutas con el cobro de peajes por los bajos caudales de tránsito que tienen», destacó el coordinador de Conaduv, Ricardo Lasca.
Con respeto a los últimos cambios en los pliegos, señaló que «los funcionarios actuales ya no saben qué hacer para que alguien se presente en las licitaciones que no contemplan obras de ampliación como multitrochas, autovías y autopistas que mejoren las condiciones de seguridad vial y reduzcan los choques frontales en las rutas».
«Mientras Milei plantea, por un lado, que hay que bajar impuestos, por otro impulsa la instalación de más cabinas de peaje con tarifas más caras que representan un impuesto al tránsito y un incremento en los costos logísticos y de transporte que afectan a los usuarios y las economías regionales», advirtió Lasca.