El Chaco está dando un paso firme hacia celebraciones que contemplen a todas las personas. Con el acompañamiento de legisladoras y legisladores del Interbloque Justicialista, se presentó el proyecto de Ley “Cero Pirotecnia Sonora” N° 2781/25, que busca prohibir la venta y el uso recreativo de pirotecnia de alto impacto acústico en toda la provincia y garantizar festejos en los que nadie quede afuera.
La iniciativa se basa en el reclamo y pedido constate histórico de ONGs, Asociaciones y/o Fundaciones para proteger la salud, el bienestar de la población, los animales y el ambiente, frente a los efectos nocivos audibles, fumígenos, químicos y/o físicos.
“Buscamos promover entornos más saludables, respetuosos para la vida en todas sus formas”, sostuvo Cavana.
La propuesta impulsa un modelo distinto de celebración: más seguro, más inclusivo y más empático. Por eso se permiten espectáculos lumínicos, pirotecnia fría o silenciosa y el uso técnico-operativo para situaciones de seguridad, rescate o señalización, donde sea estrictamente necesario.
“Queremos un Chaco que celebre con alegría y respeto. Esta ley es una decisión de cuidado colectivo, que prioriza la salud, la empatía y la convivencia”, expresó la legisladora.
El texto establece al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, en coordinación con Salud Pública y los municipios, para asegurar controles en territorio y campañas sostenidas de concientización. Además, lo recaudado por multas se destinará íntegramente a prevención, capacitación y acciones comunitarias de celebración inclusiva, reforzando así el sentido social de la norma.
“Esta ley pone en el centro la vida cotidiana: las familias que la pasan mal en las fiestas, los animales que desaparecen aterrados y un sistema de salud saturado por accidentes evitables. Es hora de decir basta al ruido que lastima y abrazar un modelo de festejos donde todos y todas podamos sentirnos parte”, afirmó Cavana.
El proyecto ya fue ingresado al Poder Legislativo y se encuentra disponible para su análisis y debate. Organizaciones sociales, colectivos de discapacidad, asociaciones proteccionistas, entidades ambientales, escuelas, clubes y otros actores comunitarios están invitados a acercar sus aportes para fortalecer una normativa que nace para ser colectiva.