El Ministerio de Economía oficializó el contrato que regirá la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., un paso clave en el proceso de venta de la empresa estatal.
El gobierno de Javier Milei aprobó este martes el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Así quedó establecido en la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Luis Caputo.
La norma valida el modelo de “Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA”, que será suscripto por la cartera económica en representación del Estado. El esquema se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”, y por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario.
Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país. El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad.
El contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario. Además, la empresa deberá cumplir con el “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.
Desde el Gobierno remarcaron que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”. Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.