La justicia federal de Córdoba otorgó un plazo de 72 horas al Ministerio de Salud para regularizar los pagos atrasados a prestadores de discapacidad. El fallo responde a un amparo presentado por familias y organizaciones del sector.
Este viernes vence el plazo que el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, impuso al Gobierno nacional para que regularice las deudas con los prestadores del sistema de discapacidad de esa provincia. El fallo, emitido este miércoles, dio lugar a un pedido de amparo presentado por familias y organizaciones del colectivo, que denuncian falta de pagos desde diciembre de 2023 por parte del Programa Incluir Salud, la obra social pública para personas con discapacidad.
Según el juez, el Ministerio de Salud no justificó los atrasos con argumentos administrativos. «El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley», declaró Vaca Narvaja tras el fallo.
Desde el Gobierno, fuentes oficiales señalaron que la deuda obedece a un problema burocrático derivado de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, las instituciones de salud, rehabilitación, educación y transporte reclaman el cumplimiento de la Ley de Emergencia, que establece una compensación por la deuda acumulada desde fines de 2023. Las organizaciones calculan ese atraso en un 40%.
Este jueves, el Gobierno actualizó el «nomenclador» de prestaciones en un 2,6%, en línea con la inflación de abril. Pablo Molero, titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó: «La actualización del 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada, porque ahí está realmente el ajuste al sector. Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Y a eso se le suma las deudas directamente por que no te pagan. Facturás y no depositan. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra».
Página/12 consultó al Ministerio de Salud sobre si cumplirá con el fallo, pero no obtuvo respuesta. Antecedentes judiciales similares, como un fallo de la justicia de Campana en enero de 2024, llevaron al Gobierno a ejecutar fondos de la ley de emergencia bajo apercibimiento de sanciones económicas.