Entidades aeronáuticas de todo el país, a través del Consejo Asesor de la Aviación Civil (Conav), manifestaron su rechazo a las resoluciones 312/2026 y 313/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que flexibilizan el uso de drones y aeronaves en actividades agropecuarias. Advierten que la falta de requisitos de capacitación incrementa el riesgo de accidentes.
Lo que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) definió como una “actualización normativa” fue calificado por el Consejo Asesor de la Aviación Civil (Conav) como una desregulación “inconsulta, soberbia y con desconocimiento absoluto”. En un comunicado conjunto, el organismo señaló que las medidas implementadas bajo el argumento de modernización y desburocratización representan un riesgo elevado para la aeronáutica nacional.
El sector agropecuario es uno de los más afectados. Los aeroaplicadores advierten que la desregulación alcanza al uso de drones y que la ausencia de requisitos de formación y reglamentaciones pone en peligro la vida de quienes trabajan en el aire.
Diego Martínez, presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), explicó que la respuesta de Conav se debe a que las resoluciones se publicaron sin consultar al organismo. “Es una ironía en sí misma, porque la propia autoridad aeronáutica creó el Consejo Asesor de Aviación y resulta que de pronto pasa a ser algo absolutamente anecdótico e inconsulto”, declaró.
En Conav participan cámaras de aviación civil, deportiva, comercial y de transporte, así como el CAEDyA, que representa a empresas de drones. Martínez afirmó que “estamos todos de acuerdo en que el operador de dron necesita ser capacitado. Olvidémonos un poco de la cuestión comercial, hay que darle valor a la vida de quienes operamos en el espacio aéreo, y no solamente los agrícolas”. Agregó: “Tienen que estar capacitados, tienen que entender la responsabilidad que les cabe y los riesgos que pueden generar primero para terceros y segundo para sí mismos”.
Las resoluciones 312/2026 y 313/2026, del 13 de mayo, ampliaron las posibilidades operativas de los drones en usos rurales y agropecuarios, y flexibilizaron el trabajo con aeronaves. Se eliminó la exigencia del Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA) para productores agropecuarios que realicen aplicaciones dentro de sus propios campos y con sus propios equipos.
Martínez señaló que “el riesgo de que haya un encuentro en el aire entre una aeronave tripulada y una no tripulada empieza a ser cada vez más posible. El riesgo de un accidente es cada vez mayor. El problema es que el operador de un equipo no tripulado, gracias a la desregulación, no tiene ningún tipo de capacitación para enfrentar esa situación”.
En cuanto a la aplicación de agroquímicos, advirtió que “no hay que olvidarse que se está autorizando a una persona que no tiene ningún tipo de preparación a transportar un producto potencialmente peligroso como es un fitosanitario”. Señaló que ya se observan problemas de deriva y aplicaciones incorrectas. “¿Quién es el responsable en este caso? ¿Cómo puede entenderse que alguien puede ser responsable de un aparato que de casualidad lo puede llegar a ver?”, preguntó.
El sector de la aviación agrícola adhiere al reclamo conjunto de ser incluido en los debates y normativas que afectan su trabajo. “Nos ha quitado la oportunidad de sentarnos a conversar sobre los temas en los que tenemos conocimiento y nos afectan. No hay que olvidarse que la capacitación y la reglamentación son una tranquilidad para todos: para el Estado como contralor, para los operadores, para el productor y para la sociedad en general”, concluyó Martínez.