El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmaron un acta complementaria que prevé la incorporación de 40 nuevos dispositivos de control electrónico al sistema provincial.
En el marco de una nueva agenda de trabajo articulado entre Nación y Provincia, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmaron un acuerdo para la incorporación de 40 nuevos dispositivos de control al sistema provincial del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.
La firma se concretó mediante el Acta Complementaria Nº2 al Convenio Marco de Colaboración y Cooperación para la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Participó de la rúbrica el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi.
Los nuevos dispositivos estarán destinados al monitoreo de personas bajo arresto domiciliario y otras modalidades de ejecución penal bajo supervisión electrónica. Alcanzarán a personas a disposición de la justicia provincial sometidas a medidas de detención o cumplimiento penal bajo esta modalidad.
Según informaron las autoridades, la incorporación de estas herramientas permitirá ampliar las capacidades operativas de la provincia en materia de supervisión remota, optimizar los mecanismos de seguimiento judicial y fortalecer la gestión del sistema de control.
El acuerdo establece nuevas pautas de coordinación y reciprocidad entre Nación y Provincia, incorporando estándares operativos actualizados, mecanismos de intercambio de información y colaboración territorial para intervenciones técnicas y operativas.
La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación, a través de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), orientadas a brindar acompañamiento técnico a las jurisdicciones provinciales para la implementación de mecanismos complementarios a la pena privativa de la libertad.
Desde el Gobierno provincial indicaron que estas acciones reflejan una política basada en mayor coordinación federal, incorporación de tecnología y fortalecimiento institucional, consolidando herramientas modernas para mejorar los sistemas de control y supervisión aplicados a la seguridad y al cumplimiento de medidas judiciales.