El Superior Tribunal de Justicia de San Luis confirmó la prisión perpetua para la ex policía Marina Silva, quien en 2024 asesinó a sus dos hijos en la provincia de San Luis.
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis confirmó la prisión perpetua para Marina Silva, la ex policía que en 2024 asesinó a sus dos hijos, Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2. Un año después de los crímenes, fue sentenciada a la pena máxima de prisión.
El dictamen fue dado a conocer en las últimas horas luego de que se haya rechazado el recurso de apelación impuesto por Silva, por lo que de este modo quedó confirmada la pena a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en dos hechos, en concurso real.
Durante todo el juicio y en la apelación presentada, la defensa de la acusada, Agustina Tobares, sostuvo que su clienta “atravesaba un cuadro de profunda afectación psicológica producto de años de violencia de género, maternidad ejercida en soledad, problemas económicos y un severo estado depresivo” al momento de los asesinatos. Asimismo, según el medio El Chorrillero, cuestionó la valoración que realizó el tribunal de una pericia psicológica y psiquiátrica elaborada por profesionales de Tucumán, quienes concluyeron que la mujer presentaba un trastorno depresivo grave con ideación suicida y que al momento de los hechos atravesaba un proceso conocido como “suicidio ampliado”, mediante el cual creía erróneamente que estaba protegiendo a sus hijos de un futuro que consideraba devastador.
Sin embargo, la respuesta del Tribunal Superior fue clara. En la condena se estableció que la mujer había sido víctima de violencia verbal, psicológica, física, sexual y económica en relaciones anteriores, pero que esa situación no alcanzaba para justificar una reducción de la pena.
El veredicto fue dictado el 22 de octubre del año pasado por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio. Durante el debate se determinó que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada del 1° de octubre de 2024 para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión. A su vez, se mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— “permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada”.
Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1° de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata. Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa. Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”. Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.