Representantes de cámaras empresarias, organizaciones civiles y colegios de abogados cuestionaron la iniciativa oficial durante un plenario de comisiones en Diputados, que se extendió por cuatro horas.
En una segunda reunión informativa en la Cámara de Diputados, representantes de diversas instituciones plantearon objeciones al proyecto de ley enviado por el Gobierno para regular la actividad del lobby, titulado “Ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General duró cuatro horas.
Los expositores señalaron que la iniciativa contiene definiciones amplias y sanciones penales que podrían afectar la participación ciudadana. Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), afirmó que respalda la transparencia pero pidió precisar definiciones y reemplazar las sanciones penales por un régimen administrativo gradual. Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, solicitó una regulación equilibrada sin barreras innecesarias. Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, consideró que el proyecto presenta deficiencias estructurales graves, como la amplitud de la definición de gestión de intereses y la omisión del secreto profesional.
María Baron, de Directorio Legislativo, advirtió sobre la falta de taxatividad en las definiciones. Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, alertó que la ley podría equiparar a activistas con lobistas corporativos. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que la norma no distingue entre lobby corporativo y participación ciudadana. Paola García Rey, de Amnistía Internacional, señaló que el proyecto podría crear riesgos para la participación democrática. Paula Litvachky, del CELS, calificó la iniciativa como hiper-regulatoria y restrictiva. Fernando Ruiz, de FOPEA, afirmó que la ley podría usarse para disciplinar a periodistas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, declaró que se buscará un dictamen con el mayor consenso posible y que habrá sucesivas reuniones.