Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales y al que accedió Ámbito detalla múltiples fallas en el proceso licitatorio de la Hidrovía, incluyendo conflictos de interés, costos inflados y una tarifa de peaje artificialmente elevada.
Un documento reservado que analizó la licitación de la Hidrovía, elaborado por un comité de expertos internacionales, concluyó que el pliego y el proceso de privatización presentan múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). El informe fue girado a uno de los consorcios participantes, integrado por la belga DEME NV, el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD).
El documento, de cuatro carillas en inglés, advierte cronológicamente sobre los hechos ocurridos durante la licitación. Señala que el cronograma fijado por el pliego fue de 48 días hábiles, un plazo considerado exprés para un proceso de esta magnitud, y que se desestimaron solicitudes de prórroga de tres empresas competidoras.
En el aspecto técnico, el informe indica que la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que un informe del comité técnico de las Naciones Unidas reconoce a DEME como una de las empresas líderes en dragado. Además, señala que varias certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus para acreditar experiencia técnica fueron emitidas por Cristian Rigueiro, miembro del comité evaluador de la licitación, lo que constituye un conflicto de intereses.
El informe sostiene que la evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, lo que califica como un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en etapas anteriores. También menciona que la Anpyn exigió 10 millones de dólares como garantía para impugnar el resultado, lo que califica como una barrera para la impugnación.
El documento detalla que la oferta de JDN-Servimagnus presentó deficiencias, como la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria, subestimación de volúmenes de dragado, y carencias en gestión ambiental y social. A pesar de ello, el Comité Evaluador le otorgó una ventaja de puntos sobre la competencia.
En relación a la oferta económica, el informe concluye que el pliego estableció una tarifa piso, lo que llevó a los contratistas a presentar ofertas al nivel de esa tarifa mínima. Señala que la licitación del año pasado, cancelada por el Gobierno, tuvo una oferta de DEME más económica que el mínimo del pliego actual. El informe advierte sobre posibles márgenes de ganancia ocultos en los costos de dragado y una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio a lo largo de los 25 años de concesión.
El documento fue girado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.