El expediente por la lujosa quinta de Pilar valuada en USD 20 millones volverá al fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación apunta a presunto lavado de dinero y posibles vínculos con fondos de la AFA.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió este viernes que la investigación por la lujosa quinta de Pilar vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vuelva a tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires y deje de estar en manos del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.
La decisión representa un revés para la estrategia impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino, que meses atrás había logrado apartar del caso al fuero penal económico y trasladar el expediente a Campana.
Con las firmas de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, la Sala A de la Cámara dispuso que la causa continúe en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de María Verónica Straccia.
Qué investiga la Justicia
La causa busca determinar quiénes son los verdaderos propietarios de una estancia ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en alrededor de 20 millones de dólares.
El predio abarca más de diez hectáreas y cuenta con instalaciones de lujo, entre ellas un haras, helipuerto, canchas de fútbol, pista ecuestre, caballerizas y una importante colección de vehículos de alta gama.
Formalmente, la propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte.
Sin embargo, los investigadores consideran que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA.
Los indicios que apuntan a Toviggino
Durante los allanamientos realizados en la propiedad, la Justicia secuestró distintos elementos que reforzaron las sospechas sobre la verdadera titularidad del lugar.
Entre ellos aparecieron fotografías de Pablo Toviggino, una placa con su nombre, un bolso personal identificado con el dirigente y un karting vinculado a su hijo, Máximo Toviggino.
Además, se encontraron cerca de 50 vehículos de colección y alta gama, algunos de los cuales eran mantenidos mediante pagos realizados con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Luciano Pantano.
Todos esos elementos fueron incorporados al expediente como posibles indicios de una relación directa entre el predio y las máximas autoridades del fútbol argentino.
La discusión por la competencia
La pelea judicial sobre qué magistrado debía investigar el caso se extendió durante casi seis meses.
Inicialmente intervino el juez federal Daniel Rafecas. Luego tomó intervención Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico, hasta que la causa pasó a Campana.
Ahora la Cámara Penal Económica resolvió que la investigación debe regresar a Buenos Aires porque las decisiones societarias vinculadas a la compra del inmueble se tomaron en la Capital Federal.
Los magistrados remarcaron que el criterio central no es la ubicación de la propiedad sino dónde se desarrollaron las operaciones comerciales y societarias bajo sospecha.
La escritura de compraventa se firmó en una escribanía ubicada sobre la calle Montevideo, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, las sociedades involucradas tienen domicilio legal en territorio porteño.
La trama societaria bajo la lupa
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la estructura societaria utilizada para adquirir la propiedad.
La empresa compradora, Real Central S.R.L., se llamaba originalmente Central Park Drinks S.R.L. y tenía un capital social de apenas $300.000.
Catorce días antes de concretar la operación inmobiliaria, la firma modificó su composición accionaria, cambió de nombre y elevó su capital hasta los 58 millones de pesos. Poco después concretó la compra del predio de Pilar.
Para los denunciantes, el crecimiento patrimonial de la sociedad no alcanza para justificar una operación inmobiliaria de semejante magnitud.
La conexión con fondos de la AFA
La investigación también incorporó información sobre presuntas transferencias realizadas desde TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos que actuaba como agente comercial exclusivo de la AFA para la explotación de negocios internacionales.
Según la denuncia, esa empresa habría transferido cerca de 483.000 dólares hacia sociedades vinculadas al entorno de Toviggino entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
La mayor parte de esos fondos habría sido girada a SOMA S.R.L., una firma que tuvo entre sus integrantes al hermano del dirigente santiagueño y que comparte vínculos societarios con otras compañías mencionadas en el expediente.
Los investigadores analizan si esos movimientos financieros guardan relación con la compra de la estancia y si existieron maniobras de lavado de activos o desvío de fondos.
Un expediente que puede ampliarse
Con el regreso del caso al fuero penal económico porteño, la jueza Verónica Straccia quedará en condiciones de avanzar sobre otras investigaciones relacionadas con la AFA que presentan conexiones societarias o financieras similares.
Por el momento no existen imputaciones formales ni llamados a indagatoria, aunque la Cámara destacó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía resta profundizar el análisis de la documentación secuestrada y de los movimientos económicos bajo sospecha.