Un grupo de ocho efectivos desvinculados de la Policía de Misiones mantiene un acampe frente a la sede del Ejecutivo provincial desde el 6 de abril. Reclaman su reincorporación a la fuerza tras haber estado detenidos en 2024 por una causa de sedición y conspiración. El gobierno provincial sostiene que fueron debidamente notificados de su cesantía.
Desde el 6 de abril, un grupo de ocho ex efectivos de la Policía de Misiones mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial, en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Los manifestantes reclaman su reincorporación a la fuerza tras haber sido desvinculados mediante el decreto 2084/24, luego de haber estado detenidos en septiembre de 2024 por una causa de sedición y conspiración.
El acampe, que funciona las 24 horas, está compuesto por una carpa con banderas argentinas y carteles escritos a mano. Entre los reclamos se mencionan salarios dignos y críticas a la conducción policial, como se lee en uno de los carteles: “Martínez, vendiste a tus policías”, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.
Diego Correa, vocero de los efectivos desvinculados, afirmó que la protesta se instaló tras meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según Correa, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostuvo.
Correa indicó que funcionarios de distintos organismos provinciales les alertaron sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Afirmó que desde áreas del Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el decreto de cesantía no había completado los circuitos administrativos correspondientes.
El conflicto se originó en mayo de 2024, cuando un reclamo salarial de policías y docentes derivó en una crisis institucional. El 29 de mayo de 2024, el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para los participantes. Sin embargo, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición.
La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Los ex policías cuestionan la existencia y validez de ese decreto. Correa sostiene que logró acceder a sumarios administrativos donde no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía, y que la Dirección del Boletín Oficial provincial le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación.
“Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando”, afirmó Correa.
Desde el gobierno provincial rechazan esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y que sus reclamos ya fueron respondidos. El 29 de abril pasado, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo.
Respecto a la falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial, fuentes del gobierno argumentaron que “en derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, y que la eventual falta de publicación no afecta su validez jurídica por tratarse de un acto administrativo de alcance particular.
Correa también denunció presiones internas previas a las detenciones, incluyendo amenazas y ofrecimientos de dinero y vehículos para abandonar la protesta en mayo de 2024. Tras litigios en la justicia provincial, los ex efectivos presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.
El diputado provincial Ramón Amarilla, ex vocero de las protestas de 2024, utilizó su banca para visibilizar la situación. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria.
El acampe continúa frente a la Casa de Gobierno, con una dimensión menor a la de las protestas de 2024, pero sostenido por los mismos protagonistas. El gobierno provincial insiste en que la cuestión está cerrada.