La abogada especializada en Derecho Animal, Sonia Sosa, celebró la reciente aprobación de la ley que crea un Régimen Provincial de Protección Animal en Chaco, pero advirtió que el principal desafío será garantizar su aplicación efectiva y dotar al sistema de herramientas para asistir a los animales rescatados.
La reciente sanción del nuevo Régimen Provincial de Protección Animal en Chaco fue recibida con entusiasmo por organizaciones proteccionistas y especialistas. Sin embargo, para la abogada especializada en Derecho Animal, Sonia Sosa, el avance normativo deberá estar acompañado por recursos y políticas públicas concretas.
“Lo que falta son recursos, permanencia y estructura”, resumió la letrada al analizar el escenario tras la aprobación de la ley. La norma endurece las sanciones por maltrato y crueldad animal, incorpora la inhabilitación para la tenencia de animales y crea un Registro Provincial de Infractores y un Fondo Provincial de Protección y Bienestar Animal.
En diálogo con CIUDAD TV, Sosa destacó que la reforma representa un reconocimiento institucional a conceptos que hasta hace pocos años eran marginales en el debate público. “Para mí es un logro importante que la Cámara de Diputados empiece a manejar términos como animales convivientes y seres sintientes”, señaló.
La especialista valoró la incorporación al Código de Faltas de conductas ya previstas en la Ley 2242-R. “Ahora los jueces van a tener herramientas más claras para actuar de manera rápida y eficaz”, afirmó. Entre las modificaciones aprobadas figuran multas más elevadas y sanciones diferenciadas para maltrato y crueldad animal.
Sosa remarcó que la aprobación legislativa es apenas el primer paso. “El compromiso ahora es la implementación. Ya teníamos una ley importante, pero muchas veces quedaba a mitad de camino porque faltaban reglamentación y mecanismos concretos para hacerla cumplir”, advirtió.
La especialista insistió en la necesidad de comprender el maltrato animal como un indicador de otras violencias. “Cuando hay crueldad o maltrato animal muchas veces aparecen otros hechos violentos vinculados con niños, adultos mayores o mujeres”, explicó. Consideró fundamental mejorar la articulación entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y áreas de protección de derechos.
En cuanto al destino de los animales rescatados, Sosa señaló que gran parte de esa tarea recae sobre proteccionistas independientes y refugios con recursos limitados. “Todos queremos que se intervenga cuando hay maltrato, pero también tenemos que preguntarnos dónde van esos animales después del rescate”, planteó.
La abogada también llamó a la comunidad a involucrarse de manera activa. “No se trata de colaborar una sola vez. Es un compromiso a largo plazo y una filosofía de vida”, sostuvo.
Sosa destacó avances en la capacitación de policías, fiscales y actores vinculados a la protección animal, lo que permitió respuestas más rápidas ante denuncias de maltrato. Adelantó que el próximo 28 de agosto se realizará un curso superior en Derecho Animal para profundizar la formación sobre la temática.