jueves, 29 octubre, 2026
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Un fallo en Córdoba ordena a Incluir Salud y a PAMI a regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad en todo el país

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar a una acción de amparo colectiva contra Incluir Salud y PAMI, ordenando la regularización inmediata de pagos de prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas.

El juez federal de Córdoba Miguel Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3, dictó un fallo que ordena a los programas Incluir Salud y PAMI regularizar la cadena de pagos de prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas. La resolución se emitió en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba para temas de discapacidad.

Según consta en el fallo, el tribunal verificó demoras de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados, lo que afecta a instituciones, profesionales y hogares que asisten a personas con discapacidad. El juez Vaca Narvaja sostuvo que el Estado Nacional “no puede esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados”. Agregó que “perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.

La resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de forma inmediata la legislación vigente y a cesar el retraso que, según el juez, configura “un acto arbitrario e ilegal”. El magistrado indicó que “la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país” y que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud “no pueden ser meramente declarativos”.

El amparo tiene alcance colectivo y abarca a miles de beneficiarios en situación similar. La sentencia se refiere a un conflicto que se arrastra desde finales de 2025, vinculado a cortes e irregularidades en la cadena de pagos estatales, en el contexto del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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