La Secretaría de Energía evalúa si posterga nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuyo último diferimiento vence el 30 de junio.
El Gobierno define por estas horas si vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles, una medida que podría evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil desde julio.
Ante la consulta de este medio, una fuente de la Secretaría de Energía respondió que el tema “se está analizando”. La definición forma parte del seguimiento que realiza el equipo económico sobre la evolución de los precios regulados y su posible traslado al índice de inflación.
El último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó nuevamente el cronograma de actualización tributaria y estableció que los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio.
Si no hay una nueva prórroga, el aumento acumulado de los impuestos comenzaría a regir desde julio y podría presionar sobre los precios de los combustibles. El impacto final dependerá de la decisión de las petroleras, de la evolución del precio internacional del crudo, del tipo de cambio y de la estrategia oficial para administrar los precios regulados.
En mayo, YPF había impulsado un esquema de amortiguación de precios que luego fue acompañado por otras petroleras. Ese mecanismo buscó contener aumentos fuertes en medio de la volatilidad internacional del crudo y mantuvo a la nafta súper en torno a una referencia cercana a los $2.000.
Por ahora, en la Secretaría de Energía evitan confirmar el camino elegido. La respuesta oficial es que la medida “se está analizando”, mientras el Gobierno evalúa el costo fiscal de una nueva postergación y el impacto inflacionario que tendría habilitar el aumento.