Mediante el DNU 585/2026, se extendió la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, abarcando generación, transporte y distribución de electricidad.
El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2027, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, según informes que indican que el sistema opera con márgenes de reserva operativa de apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025. Además, se señala el envejecimiento del parque generador: “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.
El texto oficial detalla que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas”, con márgenes de seguridad reducidos y estaciones transformadoras con cargas superiores al 90%, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias. Obras como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró “indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.
El decreto enfatiza la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema. Si bien la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97%, persiste una brecha entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios. A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente el 24% del costo real de abastecimiento.
La extensión busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural, dado que la generación térmica es un componente sustancial de la matriz eléctrica. El Ejecutivo sostiene que una interrupción de la emergencia podría generar “discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.