La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo. El fallo habilita al Gobierno nacional a discontinuar el beneficio a partir de agosto.
La Cámara Federal de San Martín revocó este lunes la medida cautelar que impedía al Gobierno nacional avanzar con el cierre del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo. La resolución habilitó al Ministerio de Capital Humano a discontinuar definitivamente el beneficio a partir de agosto. La decisión impactará en más de 900.000 beneficiarios, que dejarán de percibir la prestación mensual de 78.000 pesos.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado mantener los pagos hasta que el Estado implementara una política pública alternativa que garantizara un nivel de protección equivalente para los beneficiarios.
Los camaristas sostuvieron que mantener vigente el programa mediante una medida cautelar implicaba un “adelantamiento del veredicto final” y remarcaron que el Ejecutivo tiene la facultad de diseñar, modificar o finalizar programas sociales. Además, señalaron que los beneficiarios no poseen un derecho adquirido a la continuidad del plan, cuya vigencia había sido establecida por un plazo de dos años.
En esa línea, la Cámara consideró que en este caso no se cumplían los requisitos legales para mantener una medida cautelar, ya que no se acreditó de manera suficiente la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora. Asimismo, destacó la presunción de legitimidad de los actos administrativos y advirtió que obligar al Estado a sostener el programa afectaría la administración de los recursos públicos y la ejecución de las políticas oficiales.
El tribunal tuvo en cuenta que el Gobierno presentó un esquema alternativo para reemplazar al programa Volver al Trabajo. La nueva política, impulsada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, prevé redireccionar los recursos hacia empresas, centros de formación provinciales y organizaciones encargadas de brindar capacitación laboral, en lugar de realizar transferencias monetarias directas a los beneficiarios.
La causa se inició a partir de una presentación colectiva encabezada por beneficiarios del programa, quienes solicitaron mantener el pago del ingreso hasta que existiera una política sustitutiva efectiva. En primera instancia, la Justicia les había dado la razón al considerar que la eliminación abrupta del beneficio podía generar un daño social y patrimonial irreparable para miles de familias en situación de vulnerabilidad.
Tras conocerse la resolución de la Cámara, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) afirmó que “la Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores”. La organización anticipó que continuará impulsando acciones judiciales y reclamos para exigir la continuidad del salario social complementario.
Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, recupera plena potestad para avanzar con el rediseño de las políticas sociales. De no mediar una nueva resolución judicial, desde agosto dejará de abonarse el programa Volver al Trabajo, marcando el cierre definitivo de uno de los principales planes de asistencia laboral implementados en los últimos años.