Organizaciones presentaron una acción judicial en 2024 para que el Estado explique cómo garantiza la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a la violencia de género. La Corte Suprema aún no emitió fallo, mientras el presupuesto de las políticas de género se redujo un 89%.
El 28 de junio de 2024, un grupo de organizaciones presentó una demanda judicial contra el Estado nacional para que explique cómo garantiza la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia de género, en el contexto de la reducción de políticas públicas en esa área. A dos años de esa presentación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se pronunció sobre el recurso de queja presentado por las organizaciones el 27 de mayo de 2025.
Según el dictamen de la Defensoría General de la Nación, emitido en favor de las organizaciones, se recomendó restablecer la protección cautelar para sostener las funciones esenciales del Estado en la prevención y atención de la violencia de género. La Corte tiene ese dictamen desde hace más de un año, pero no resolvió.
Los datos indican que el presupuesto destinado a las políticas de género se redujo un 89% respecto de 2023. La Línea 144, servicio de atención telefónica para víctimas de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2026. El objetivo oficial de asistencias se redujo a 60.000, un tercio de las personas atendidas en 2023.
El Programa AcompañAR, que brindaba apoyo económico, legal y emocional para salir de situaciones de violencia, pasó de 102.510 personas asistidas en 2023 a 3.572 en 2024, una caída del 96,5%. Durante el primer semestre de 2025 no se registraron altas nuevas. El beneficio, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, se redujo de 6 a 3 meses, y se comenzó a exigir una denuncia previa para acceder al programa.
En diciembre de 2024, el juez Enrique Alonso Regueira hizo lugar a una medida cautelar que ordenaba al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir recortando personal e infraestructura en políticas de género. El Ministerio de Justicia apeló, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó esa decisión. Las organizaciones recurrieron a la Corte Suprema, que dio intervención a la Defensoría General de la Nación.
El 27 de mayo de 2025, las organizaciones presentaron un recurso de queja para que la Corte reponga la cautelar. Desde entonces, la Corte no se pronunció. En paralelo, la causa de fondo avanza: el Ministerio contestó la demanda, se opuso a la producción de prueba, y el juez Alonso Regueira rechazó esa oposición, habilitando la etapa probatoria.
Las organizaciones señalaron que entre 2023 y 2024, 98.938 personas no accedieron al Programa AcompañAR. Además, indicaron que el presupuesto nacional general se redujo un 24% respecto de 2023, mientras que las políticas de igualdad de género sufrieron un recorte tres veces mayor. Según las organizaciones, intervenir cuando la violencia escaló cuesta al Estado 22 veces más que invertir en prevención y atención temprana.