El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionó el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales. Según su coordinador Ricardo Lasca, en la ruta nacional 11 se instalarían cinco puestos de cobro entre Chaco y Santa Fe, con tarifas que podrían duplicarse o triplicarse, sin que el contrato garantice la construcción de autovías.
La nueva etapa de concesiones de rutas nacionales generó cuestionamientos por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Ricardo Lasca, coordinador de la organización, afirmó que el proyecto contempla la instalación de 54 nuevos peajes en todo el país, con una distancia promedio de 90 kilómetros entre cada estación.
En el caso de la ruta nacional 11, corredor que conecta el Chaco con Santa Fe, Lasca indicó que se instalarían cinco estaciones de cobro en un tramo de aproximadamente 500 kilómetros. Las tarifas, según el referente, podrían duplicarse o triplicarse respecto a los valores actuales.
Lasca sostuvo que las concesiones están orientadas principalmente a tareas de mantenimiento, como corte de pasto y bacheo, sin incluir la construcción de autovías o autopistas. “No se proyectan autovías, autopistas o multitrochas para evitar lo más complicado, que son los choques frontales”, declaró.
El coordinador de CONADUV cuestionó que los automovilistas y transportistas comenzarían a pagar nuevos cargos sin que el contrato garantice la transformación de la ruta en una autovía. Recordó como antecedente la tragedia ocurrida en 2006 en la ruta 11, que involucró a estudiantes del colegio Ecos, y consideró que el desenlace podría haberse evitado con una separación física entre los sentidos de circulación.
Lasca rechazó que el sistema pueda ser considerado un peaje tradicional. “Esto no es peaje. Es un impuesto al tránsito”, afirmó. Explicó que el peaje debería destinarse a recuperar la inversión de una obra nueva y contar con una vía alternativa gratuita, condiciones que no se cumplen en este caso.
El dirigente agregó que el costo del peaje se traslada al precio de los alimentos, bienes y servicios transportados por las rutas, afectando a todos los consumidores, tengan o no vehículo.
Lasca sostuvo que el sistema de concesiones aplicado desde la década de 1990 no logró financiar grandes obras debido al bajo tránsito en muchas rutas. “No hay tránsito suficiente. Aunque pasen 10.000 o 15.000 vehículos por día, eso no alcanza para hacer grandes obras”, señaló.
El referente también cuestionó la ausencia de un organismo regulador específico que controle las concesiones y permita la participación de los usuarios. “Los caminos son de dominio público. No son propiedad de un presidente ni de un gobernador: son de todos nosotros. Sin embargo, los usuarios no somos convocados para debatir el sistema”, expresó.
Lasca recordó que se promovieron acciones judiciales contra el sistema de cobro, entre ellas una presentación realizada junto a la Defensoría del Pueblo del Chaco, basada en la inexistencia de caminos alternativos gratuitos y una presunta doble imposición del impuesto a los combustibles. Señaló que las acciones no prosperaron.
En relación con la intención del Gobierno de reducir o disolver la Dirección Nacional de Vialidad, Lasca afirmó que “Vialidad no es un organismo corrupto. Los responsables son quienes lo conducen y utilizan la obra pública para hacer negocios”.
Sostuvo que se recaudan alrededor de 3.000 millones de dólares por año mediante el impuesto a los combustibles, pero esos recursos se desvían a otros destinos.