El máximo tribunal revocó el sobreseimiento de cuatro exfuncionarios judiciales acusados de intervenir en la adopción ilegal de Manuel Gonçalves Granada durante la última dictadura cívico-militar.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura de la investigación sobre el accionar de cuatro exfuncionarios judiciales que intervinieron en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada durante la última dictadura cívico-militar. El fallo revoca el sobreseimiento que había sido dictado en primera instancia.
Gonçalves Granada, único sobreviviente del operativo en el que su madre fue asesinada y luego inhumada como NN, había denunciado en 2008 a los exmagistrados Juan Carlos Marchetti y Juan Delfín Castro y a los ex asesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina por haber facilitado su adopción sin intentar localizar a su familia biológica. La denuncia fue presentada ante el fiscal Juan Murray, de San Nicolás.
El expediente permaneció sin avances y en 2017 el juez Carlos Villafuerte Ruzo dictó el sobreseimiento de los cuatro funcionarios sin haberlos indagado. La Cámara Federal de Rosario había revocado esa decisión, pero el caso llegó a la Corte Suprema, que ahora consideró arbitraria la clausura de la investigación.
En declaraciones a este medio, Gonçalves Granada expresó: “Hoy se abre la posibilidad de que se inicie una investigación judicial como corresponde sobre el accionar de estos funcionarios judiciales en mi apropiación”. También señaló que “el juez se haya negado a citarlos” en dos oportunidades y que “todo está documentado y el trámite de adopción es ilegal”.
El caso
El 19 de noviembre de 1976, un operativo de fuerzas conjuntas rodeó la casa de San Nicolás donde se encontraban militantes de la JP, entre ellos Ana María Granada y su hijo Manuel, de pocos meses. Ana María escondió al bebé en un placard y fue alcanzada por disparos. Sus restos fueron inhumados como NN en el cementerio local.
Manuel fue internado en el hospital San Felipe con secuelas respiratorias y quedó bajo la guarda del entonces juez de menores Juan Carlos Marchetti. El 15 de febrero de 1977, Marchetti entregó la guarda provisoria a un matrimonio. En 1981, Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez obtuvieron la adopción plena mediante disposición del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Delfín Castro, con intervención del asesor de menores Francisco García Cortina.
Gonçalves Granada restituyó su identidad en 1997. En 2008, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, presentó la denuncia penal por su adopción ilegal. La causa recayó en el juzgado de Villafuerte Ruzo, quien se negó a tomar indagatorias y dictó el sobreseimiento de los cuatro imputados.
La Cámara Federal de Rosario revocó esa decisión, pero el juzgado volvió a sobreseer a los funcionarios. La causa llegó a la Cámara de Casación y luego a la Corte Suprema, que ahora ordenó reabrir la investigación.
Declaraciones de Manuel Gonçalves Granada
Consultado sobre los elementos que evidencian la necesidad de investigar a los funcionarios, afirmó: “Lo que denuncio es que ellos no cumplieron con su función: velar por preservar mi identidad y devolverme a mi familia biológica. A mí ni mi mamá ni mi familia me abandonaron”.
También se refirió al accionar del juez Marchetti: “Siempre supo de dónde venía yo. Mi mamá fue asesinada a pocas cuadras del Juzgado de menores que dirigía; la ciudad entera sabía lo que había ocurrido”. Y agregó: “No hizo nada él en ese momento ni lo hicieron el resto de los funcionarios después. Ni siquiera tras el regreso de la democracia”.
En relación a otros casos, señaló: “De los 140 casos de bebés apropiados que restituyeron su identidad, hay por lo menos 30 que tienen intervención del sistema de justicia o de funcionarios judiciales vinculados a juzgados de menores”.
Sobre el impacto del fallo, expresó: “Ojalá que logre poner de una buena vez foco sobre esa participación civil en el terrorismo de Estado”.
El fallo de la Corte se inscribe en el proceso de juzgamiento de crímenes cometidos contra las infancias durante el terrorismo de Estado.