La empresa de Elon Musk obtuvo licencia del regulador británico en octubre de 2025 y firmó un convenio con el Enacom y Capital Humano para conectar 6.000 escuelas rurales. El secretario de Malvinas cuestionó la falta de autorización argentina.
El 31 de octubre de 2025 Starlink, la empresa de Elon Musk, publicó en inglés el inicio de sus actividades en las islas Malvinas: “¡El internet de alta velocidad de Starlink ahora está disponible en las Falkland Islands!”. El 30 de octubre de ese año, el Falkland Islands Communications Regulator otorgó la licencia para operar en el territorio.
Días después, el Enacom, el Ministerio de Capital Humano y Starlink firmaron un convenio para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales. El acuerdo, sin licitación ni concurso, compromete cerca de US$ 22 millones, de los cuales Argentina aportará US$ 11,89 millones.
En medio de una reivindicación del Gobierno sobre la soberanía de las islas –que incluye un proyecto de ley y sanciones para empresas que operan en ese territorio–, el secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó públicamente a Starlink por prestar servicios de internet satelital en las islas sin autorización del Enacom.
“A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operen ilegalmente en nuestras islas Malvinas, resulta determinante accionar también contra Starlink. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en ‘licencias’ del gobierno usurpador británico”, escribió Dachary en su cuenta de X.
“Todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del Enacom”, agregó el funcionario. Sostuvo además que el servicio “beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la exploración sistemática de nuestros recursos”.
La Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece que para operar en cualquier parte del territorio argentino las empresas deben obtener una licencia habilitante del Enacom.
Este medio se comunicó con fuentes del Enacom para consultar si querían responder a la denuncia, si tienen competencia en Malvinas como territorio argentino y cómo se podrían manejar casos similares. La única respuesta fue que se consultara a Cancillería, lo que también se hizo sin resultados positivos.
“Si el Gobierno realmente considera que las Malvinas, como dice la Constitución Nacional, son territorio argentino, la autorización debería darla el Enacom”, explicó a PERFIL Gustavo López, exvicepresidente del organismo. Aclaró que el Enacom tiene la facultad de llamar al representante legal de la compañía y exigirle que solicite el permiso correspondiente. “Debe intervenir de oficio, porque el único que da autorización para servicios de Internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, de correo, es el Ente Nacional de Comunicaciones. No lo están haciendo”, aseguró. “Esa es la doble vara o la inconsistencia de una política exterior que se reformuló a partir de las encuestas y a partir de la bandera de los hinchas y de la selección en el Mundial”, opinó.
“Sin embargo Starlink, una empresa con la que acaban de hacer un convenio vergonzoso (porque no hubo concurso de precios, no hubo invitación a otras empresas), está dando, con autorización inglesa, servicios en Malvinas. Y el Enacom mira para otro lado”, señaló.
La aplicación del convenio se dará a través del Ministerio de Capital Humano y específicamente de la Secretaría de Educación. Este medio solicitó una respuesta sobre si pensaban reconsiderar la decisión de trabajar con Starlink dada la postura del Gobierno sobre las empresas que operan en Malvinas, pero rechazaron la consulta y la derivaron a las autoridades del Enacom. “Capital Humano solo selecciona las escuelas”, agregaron. No volvieron a contestar ante el pedido de un listado de las 6.000 instituciones seleccionadas. Trabajadores de Arsat sospechan que podrían ser las mismas a las que actualmente la empresa estatal argentina ya les brinda conectividad. En ese caso, explicaron a este medio, “Starlink aprovecharía toda la infraestructura que ya construyó Arsat”.
En comunicación con PERFIL, Dachary amplió sus afirmaciones. “Si bien en esta instancia no podemos auditar los contratos privados específicos que la empresa mantiene o podría mantener en las islas, el solo hecho de desplegar cobertura de alta velocidad y baja latencia sobre nuestros espacios marítimos abre la puerta a tres dimensiones operativas sumamente riesgosas”, y enumeró: primero, “la optimización potencial del saqueo pesquero e hidrocarburífero, ya que las flotas internacionales que operan con licencias ilegales británicas, así como las plataformas de exploración petrolera offshore, requieren transferir volúmenes masivos de datos en tiempo real”. Contar con un servicio de estas características “les permitiría coordinar operaciones geológicas complejas, monitorear el clima al instante, gestionar cadenas de suministro logísticas y comunicarse con sus matrices de manera altamente eficiente. En términos prácticos, se habilita una herramienta tecnológica capaz de hacer mucho más rentable y rápido el saqueo de nuestros recursos naturales”.
En segundo lugar, advirtió, “la eficiencia de los buques de apoyo logístico –que abastecen tanto a la industria extractiva como al complejo militar británico de Monte Agradable– daría un salto cualitativo al tener la posibilidad de operar con conectividad de banda ancha ininterrumpida en altamar, agilizando enormemente sus despliegues”.
Por último, e independientemente de quiénes sean sus clientes hoy, “al encender su señal y ofrecer comercialmente el servicio en las islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes sin la autorización del Enacom, la empresa ya está operando de manera clandestina en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”.
En síntesis, recalcó, “al operar al margen de nuestro marco normativo se genera el riesgo inminente de que se convierta en un facilitador logístico y tecnológico para la usurpación británica, brindando el soporte ideal para consolidar una economía extractiva ilegítima que perjudica el patrimonio de todos los argentinos. Starlink –de mínima– debe ser condicionado a optar por operar en Malvinas o en el resto de la Argentina”.
Este medio también se contactó con la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia para conocer su postura, pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.