La Libertad Avanza y bloques dialoguistas obtuvieron dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería. Unión por la Patria presentó su propio dictamen y el Frente de Izquierda anticipó rechazo.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas obtuvieron dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados sobre un proyecto que modifica el Código Penal para castigar el vandalismo rural. La votación se realizó durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, presididas por Laura Rodríguez Machado (LLA) y Martín Ardohain (Pro), respectivamente. El despacho de mayoría reunió 41 firmas.
Unión por la Patria presentó su propio dictamen, basado en una iniciativa del diputado Ramiro Gutiérrez, quien afirmó que la propuesta oficialista «baja penas». El Frente de Izquierda anticipó un dictamen de rechazo.
Ardohain, impulsor del proyecto, declaró que el tema es «muy caro a todo el interior del país» y que con esta iniciativa «salimos de esta visión urbanística del Código Penal, que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo». Agregó: «Hablamos de federalismo, de que la gente se quede en el interior, pero no le damos las condiciones. Hoy estamos dando un gran paso para que las familias estén un poquito más protegidas». También señaló: «Estamos cansados de escuchar que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, porque hoy estamos hablando de una contravención».
Gutiérrez recordó que «el vandalismo rural era un concepto jurídico que nadie había pensado» hasta que en 2020 se pensó «crear una nueva figura de daño agravado; lo hicimos con el doctor Sergio Massa, con un proyecto original que cada dos años se fue renovando en esta Cámara». Sobre la propuesta de Ardohain, consideró que «es un proyecto inconveniente que no va a solucionar» estos hechos, y que «genera lo que en derecho penal se conoce como duplicación normativa». «¡Van a bajar las penas en todos los delitos que afectan la producción agropecuaria!», enfatizó. «Este proyecto no debe prosperar, no están protegiendo a la propiedad rural», sostuvo, y agregó: «Los vándalos se van a estar riendo: tienen un año para que los investiguen y después las causas van a morir, y los delitos más severamente castigados pasan a ser duplicados, y el juez, el fiscal y la policía no van a saber qué hacer».
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo sobre el dictamen oficialista: «Yo escucho, leo y veo lo que están presentando y me suena que están protegiendo a (Joe) Lewis». Luego sostuvo que «están blindando la Ley de Tierras» y alertó por un artículo que «vuelven a atacar la difusión de ideas y opiniones; un artículo totalmente abierto donde toda opinión política puede quedar incluida» para ser castigada. Sobre el texto de UP, observó que «aclara que se quieren proteger las infraestructuras críticas, esas que Estados Unidos dice que hay que proteger para que nosotros llevemos nuestros proyectos de data centers. Entonces, el proyecto de Gutiérrez complementa lo que el otro nos puede dejar como sospecha».
Ardohain respondió a Bregman: «Si alguno se le ocurre que esto es un pedido de afuera, realmente vive otra realidad; este es un pedido del campo argentino, provincia que vayan hablan de la inseguridad que tienen en la vida diaria». Y añadió: «Indudablemente la cercanía que tenes con el interior deja mucho que desear». Ratificó que «esto no es un pedido de afuera, ni tiene nombre y apellido».
El diputado de UP José Glinski cuestionó que el Gobierno hace casi tres años prometió enviar una reforma integral del Código Penal y no sucedió. En alusión a la exposición de Gutiérrez, expresó que «demostró que son impresentables y se mandan cagadas; terminan bajando penas, superponiendo delitos que ya existen… Laburen, hagan las cosas en serio».
El oficialista Francisco Morchio sostuvo que el proyecto «no está hecho a la medida de Lewis ni nadie, está hecho a medida de los productores agropecuarios que viven en el campo, de los empleados rurales». «No es el espíritu de este proyecto disminuir penas a quienes cometen delitos rurales», aseguró, y agregó que, en caso de haber errores, se podrá modificar antes de su llegada al recinto, pero que «ha estado consensuadamente analizado».
El proyecto promovido por Ardohain propone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establecería una pena de prisión de un mes a un año al que «entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo». El texto añade: «Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso», y aclara que «no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública».
Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces «el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare» elementos que afecten «de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario». Se enumeran cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc. «En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua», suma, y añade que «la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria».
Finalmente, se modifica el artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito, y se incorpora que «la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales».
La iniciativa de Gutiérrez prevé la incorporación de una definición legal de «peligro común» y de «estrago» en el artículo 77 del CP. Busca incorporar el artículo 184 bis al CP para establecer penas de prisión de uno a cuatro años para el que «mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afectare de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo». La pena pasará de dos a seis años cuando «el hecho recayere sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para el desarrollo de la actividad; fuere cometido por dos o más personas que actuaren de manera coordinada; u ocasionare un perjuicio económico de significativa magnitud». Además, se prevé una modificación al artículo 186, con un incremento de las penas de prisión de seis a quince años para quien causare estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo; y una reformulación del estrago culposo en el artículo 189 del CP.