El 61% de los programas y metas del presupuesto abierto orientados a personas con discapacidad tiene una ejecución inferior al 50% a un mes y medio de que termine el año. La ley de emergencia vence el 31 de diciembre y sigue sin cumplirse.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó en sus redes sociales que la nueva Ley de Discapacidad “está lista para votarse” y que el Senado está en condiciones de tratarla. La norma podría debatirse el 19 de noviembre en la Cámara alta y reemplazaría a la Ley de Emergencia, votada por el Congreso, reglamentada por el Gobierno por orden de la Justicia y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre.
Bullrich sostuvo que se trata de una ley “necesaria” y parte de la construcción de un país en el que “nadie quede afuera”. En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que las personas con discapacidad son prioridad para la gestión.
Según el presupuesto abierto, a noviembre de este año el 61% de las metas y programas vinculados a la discapacidad presenta un porcentaje de ejecución menor al 50%. Entre ellos se encuentran las acciones de prevención y control de discapacidades, con una ejecución del 33,42%; la atención a personas con discapacidades psicofísicas, con un 43,81% devengado; y las acciones de integración de personas con discapacidad, con un 46%.
La inversión para la inserción laboral de personas con discapacidad alcanza un 61% de ejecución. En la rendición trimestral de metas físicas del presupuesto, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó en noviembre que los beneficios mensuales otorgados a la promoción del empleo fueron un 53% menos que los proyectados. Según las mismas fuentes oficiales, en el reporte anterior —que presentaba una cobertura 30% menor a la prevista— esto se debió a “cuestiones administrativas que dificultaron la aprobación de proyectos en el plazo estipulado”.
El Programa de Inserción Laboral de trabajadores con discapacidad otorga incentivos económicos a las empresas para fomentar la contratación. Los empleadores pueden contabilizar como parte del salario la ayuda económica mensual y deben abonar la diferencia hasta alcanzar el salario establecido según la categoría laboral correspondiente. Los destinatarios son trabajadores mayores de 18 años que cuenten con Certificado Único de Discapacidad.
El último dato de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad indicaba que para 2023 el 87,4% de las personas con discapacidad estaban desempleadas. La desocupación de la población general medida por el Indec se ubicó en 7,9%.
“A comienzos de este gobierno el único organismo que cumplía el piso de cupo laboral del 4% era la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy desaparecida en un cuartito del fondo del Ministerio de Salud”, declaró a este medio Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha y parte de Orgullo Disca, una de las organizaciones que integran esa asamblea. “Estos datos son importantes porque entre la gran cantidad de personas despedidas de la Agencia había personas con discapacidad”, afirmó.
“En las personas que tenemos discapacidades visibles lo primero que se ve es nuestra discapacidad, nunca nuestras inquietudes, nuestras especificidades en cuanto a la formación”, agregó Alcaide. El 12,7% de las personas que sí están empleadas, señaló, trabajan en condiciones de precariedad, o en trabajos en los que se los contrata por cupo y no para cumplir una función para la que se prepararon y estudiaron. “A veces los tienen para tareas poco dignas, como apretar un botón en el ascensor”.
Una ley por aprobarse y una incumplida por vencer
“El mayor problema es el atraso arancelario a los prestadores, que se viene arrastrando desde 2024 y que es del 30%”, afirmó a PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Eso se podría solucionar si aplicaran lo que la ley de emergencia establece, que es que se haga un estudio de costos y que, si existe una diferencia, hay que compensar los aranceles”.
A poco de vencerse la norma vigente y sin plazo para seguir negociando, desde el Foro consideran que al menos es mejor tener esa nueva ley que lo previsto en el presupuesto 2027. “Si bien algunos han dicho que hay que hacerle arreglos, ya no tenemos tiempo. El 30 de noviembre se acaban las sesiones ordinarias”, agregó.
La ley necesitará, de ser aprobada, un nuevo presupuesto y la eliminación de algunas cláusulas de la proyección de gastos para el año próximo, como la eliminación del nomenclador único de discapacidad que proponía el Gobierno. Ese nomenclador establece valores universales para las prestaciones del sistema de atención, con lo cual se intenta garantizar un acceso más equitativo a esas prestaciones. “Si el presupuesto no cambia la ley se cae”, resumió Molero.
Rocío Librandi, acompañante terapéutica, psicóloga social e integrante de la asamblea Discas en Lucha, indicó a este medio que la ley nunca terminó de aplicarse en su totalidad. “La compensación a prestadores nunca se cumplió, el cupo laboral menos, y además es una ley que nunca tuvo financiamiento, por lo cual se transformó en papel mojado. Si bien es una norma perfectible fue una ley de la que formó parte todo el colectivo de discapacidad y reconocía la situación de emergencia en la que nos encontramos”. El nuevo proyecto, opinó, “de superador no tiene nada”.
“Estamos en un escenario en donde hay un gobierno que se encarga sistemáticamente de no cumplir las leyes votadas y aprobadas por el Congreso, pero sí se ha encargado de hacer negocios obscenos con el dinero de la Andis”, agregó.
Pensiones en espera y aumento de los reclamos
Unas 200 mil personas esperan la resolución de su solicitud de una pensión no contributiva. “El atraso en la aprobación de pensiones sigue, y por otro lado después salieron con otras 21 mil suspendidas, que son cada vez más y para las que las personas tienen 60 días para presentar la documentación”. La mayoría de las suspensiones, afirmó Molero, se debe a temas administrativos.
Luego de la visita del papa León XIV a la Argentina —y particularmente del encuentro en el Cottolengo Don Orione en el que afirmó que “el progreso de una nación se mide por la acogida a personas con discapacidad”— Ravier volvió a retomar el discurso oficial que culpa a las gestiones anteriores por un aumento que consideran “inexplicable” de las prestaciones.
Se estima que solamente el 20% de las personas con discapacidad en Argentina cobra una pensión. Según estadísticas de seguridad social, hay 71 mil pensionados menos desde el inicio de la gestión de Milei.
Ese “ahorro” en prestaciones tiene una contrapartida en una ejecución presupuestaria mayor a la estimada para el año por la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el informe trimestral aseguran que se atendió un 5% más de casos debido a “demoras en los trámites de otorgamiento de pensiones no contributivas”.
En noviembre este ingreso es de $380 mil con bono incluido, $160 mil menos de lo que el mismo Indec calculó para la canasta básica de bienes y servicios para un adulto ($546.926). Esa medición no tiene en cuenta las necesidades específicas de una persona con discapacidad.
“Este gobierno se ha encargado de estigmatizar, criminalizar y vulnerar hasta el ridículo a las personas con discapacidad y a sus familias. Nosotros desde la asamblea creemos que hay un plan sistemático y silencioso de exterminio de las personas con discapacidad, por considerarlas un gasto, porque siempre está el prejuicio de que no trabajan y no aportan a la sociedad”, concluyó Librandi.