Un juez federal elevó a juicio oral a dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia bonaerense por su presunta participación en delitos durante la última dictadura militar.
El juez federal Alejo Ramos Padilla dispuso elevar a juicio oral la causa contra dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados son José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, acusados de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios.
La DIPPBA, el aparato de inteligencia de la fuerza policial bonaerense, funcionó desde 1956 hasta su disolución en 1998. Durante la dictadura iniciada en 1976, su rol se jerarquizó y expandió, contando con 16 delegaciones y alrededor de 1200 agentes. Según las investigaciones, este organismo no solo recolectaba y proveía información a los grupos de tareas, sino que también les asignaba personal.
El magistrado Ramos Padilla, en su resolución, sostiene que Juan Antonio Fumez, quien estuvo al frente de la delegación Lanús entre 1977 y 1981, actuó como encubridor de asesinatos. Uno de los casos destacados es el de Raúl ‘Bigote’ Pastor, hijo de Hebe de Bonafini, cuya muerte fue presentada falsamente como resultado de un «enfrentamiento» en 1978. Documentación de la DIPPBA, incluido un memorando firmado por Fumez, evidencia que el organismo conocía su identidad.
Por su parte, José Ignacio Salvador se desempeñó como jefe de la delegación Enlace Capital Federal. Esta dependencia coordinaba información con otros organismos de inteligencia y tramitaba pedidos de los grupos de tareas. Salvador también participaba en la Comisión Asesora de Antecedentes, que evaluaba si las personas detenidas podían ser «opcionables» para salir del país. El juez encontró su intervención en casos como el de Iris Avellaneda, declarada «no opcionable», y en la difusión de listas de personas buscadas que luego fueron secuestradas.
Los archivos de la DIPPBA, custodiados desde 2001 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), han sido fundamentales para reconstruir los hechos. La CPM actúa como querellante en esta causa, que se enmarca en el proceso de juzgamiento por crímenes de lesa humanidad que se lleva adelante en los tribunales federales de La Plata.