El gobierno provincial, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientales, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Bahía Blanca para frenar la aplicación del nuevo régimen.
La provincia de La Pampa apeló este martes el rechazo de la medida cautelar presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares y solicitó que la Cámara Federal de Bahía Blanca revise la decisión judicial para suspender la aplicación del nuevo régimen mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Estado provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, luego de que el Juzgado Federal rechazara la cautelar impulsada para frenar los cambios introducidos en la normativa ambiental.
En el recurso de apelación, las partes sostuvieron que la resolución judicial incurrió en un “error sustancial” al no analizar el caso desde una perspectiva ambiental y omitir la aplicación de principios propios del derecho ambiental, como el precautorio, el de prevención y el de no regresión. Además, cuestionaron que el fallo se apoye en jurisprudencia y criterios que, según afirmaron, no corresponden al tipo de demanda presentada.
La apelación también ratificó una “posición institucional firme” frente a la discusión sobre la protección de los glaciares. Según señalaron, cuando están en juego el agua, el ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras, el Estado debe utilizar todas las herramientas legales disponibles para evitar retrocesos en materia ambiental.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al criterio utilizado por el juez para evaluar el “peligro en la demora”. Los demandantes sostuvieron que, con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el riesgo no radica únicamente en un daño ambiental ya consumado, sino en la posibilidad de que se habiliten futuras decisiones, autorizaciones o actividades bajo estándares de protección más débiles que los previstos en el régimen anterior.
En ese sentido, remarcaron que exigir la acreditación de un perjuicio inmediato y plenamente individualizado podría volver ineficaz cualquier sentencia definitiva, debido a que los daños ambientales podrían encontrarse ya consolidados o resultar difíciles de revertir al momento de resolverse el expediente.
La presentación también cuestionó la conclusión judicial respecto de la falta de “verosimilitud del derecho”. Según argumentaron, la demanda ya había demostrado que la reforma reduce la amplitud de la protección de los glaciares, debilita el rol técnico-científico del Inventario Nacional de Glaciares y amplía los márgenes de discrecionalidad para autorizar actividades potencialmente lesivas para el ambiente.
De acuerdo con los apelantes, el nuevo esquema implica un cambio sustancial respecto del régimen anterior establecido por la Ley 26.639, al descentralizar aspectos clave de la protección ambiental y relativizar el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Por último, las partes insistieron en que la cautelar busca suspender la aplicación de la reforma, impedir la ejecución de actos administrativos basados en el nuevo régimen y mantener vigente el sistema de protección anterior hasta que exista una sentencia definitiva.
Con la apelación ya presentada, ahora será la Cámara Federal de Bahía Blanca la encargada de revisar el rechazo de la medida cautelar y definir si corresponde dictar una protección urgente mientras avanza el proceso judicial de fondo.