El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, analizó la movilización de la comunidad educativa en todo el país y volvió a respaldar la estrategia de judicializar el proyecto de financiación aprobado en el Congreso.
Tras la masiva Marcha Federal Universitaria, que congregó a cientos de miles de personas en todo el país, el Gobierno volvió a responder a los reclamos de la comunidad educativa por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso. En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sentenció: “La ley nació muerta”.
La movilización del pasado martes fue la cuarta que realiza la comunidad educativa bajo el actual gobierno. Si bien el acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, el reclamo se extendió a otros centros urbanos como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia, entre otras ciudades.
“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó el documento leído en el acto central en Plaza de Mayo.
La gestión de Milei observó de cerca cómo se desenvolvía el reclamo educativo. En este contexto, Álvarez fue la cara elegida —junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello— para dar la discusión en el debate público y justificar la decisión del Gobierno de no aplicar la ley.
Este miércoles, en diálogo con radio Mitre, el subsecretario de Políticas Universitarias analizó: “La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”. En ese sentido, volvió a justificar la decisión del Gobierno, que se ampara en la defensa del superávit fiscal: “La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario”.
“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, ahondó el funcionario.
En referencia al alcance de la manifestación, Álvarez precisó: “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”. “Este es un sistema democrático en donde hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen. No hay ninguna evaluación: el número es relativo”, agregó.
Parte del reclamo del sector universitario es el incumplimiento a la hora de aplicar la ley que fuera aprobada (y ratificada luego del veto presidencial) por el Poder Legislativo. Desde el Gobierno, esperan la definición de la Justicia, luego de que la Cámara de Apelaciones concediera un recurso extraordinario para frenar la cautelar y estirar el plazo de definición hasta que se expida la Corte Suprema.
En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias abrió el debate a otras alternativas ofrecidas desde la Casa Rosada, como arancelar el acceso a la educación para ciertos estudiantes: “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos. Nosotros podemos autorizar, por ejemplo, está autorizado cobrar a los extranjeros y la universidad no lo hace”. “A pesar de que en algunas carreras es significativo el número de extranjeros, ellos hablan del 4 por ciento, el 3 por ciento, confundiendo el tema de residencias, de DNI. Es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país. La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, sentenció.