El gobierno nacional habilitó la delegación temporal de rutas a las provincias, pero sin transferir recursos ni dominio. Los gobernadores deberán financiar obras con peajes privados, mientras la Nación retiene fondos del impuesto a los combustibles.
El gobierno de Javier Milei dispuso el traspaso parcial de rutas nacionales a las provincias, pero sin transferir fondos ni jurisdicción. El esquema obliga a los gobernadores a hacerse cargo de obras y mantenimiento mediante concesiones a empresas privadas bajo el régimen de peajes, mientras la Nación continúa reteniendo recursos millonarios del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) destinados por ley a infraestructura vial.
Según una denuncia presentada por un grupo de 20 diputados encabezados por Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, el Gobierno retuvo ilegalmente desde diciembre de 2023 un total de $1,165 billones provenientes del ICL. Legisladores opositores advirtieron que “el desvío de los fondos del Sisvial revela una preocupante desnaturalización del objeto del fideicomiso”.
La provincialización vial, instrumentada mediante el decreto 253/26, establece una “gestión temporal” de tramos de rutas nacionales bajo el formato de una “delegación” de tareas que será “funcional, limitada, temporal y revocable”. La norma aclara que “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal”.
Las provincias deberán firmar convenios específicos con Vialidad Nacional, que definirán los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y las auditorías de control. Las concesiones podrán extenderse hasta por 30 años, pero todas las obras y contrataciones deberán ser aprobadas por Vialidad Nacional, que conservará la facultad de revocar en cualquier momento las concesiones.
Además del costo político por el estado de las rutas, los gobernadores enfrentan otro problema: gran parte de los corredores que podrían recibir no cuentan con un flujo de tránsito suficiente para justificar económicamente el cobro de peajes. En los pocos casos en los que podrían instalarse cabinas, las tarifas serían más elevadas que las previstas en futuras concesiones nacionales.
Para el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), el decreto “viola los principios de legalidad, razonabilidad y federalismo” y “carece de una ley formal que lo respalde”, tal como exige el artículo 75 de la Constitución. Su coordinador, Ricardo Lasca, sostuvo que “resulta inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en condiciones de transitabilidad la red vial, más aún cuando recauda anualmente sumas multimillonarias del ICL”.