La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, relativizó la reducción de femicidios registrada en 2025 y señaló que se requieren políticas de prevención sostenidas para lograr una disminución a largo plazo.
Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, afirmó este lunes que “todavía no podemos decir que hay una tendencia a la baja de femicidios”. Lo declaró en diálogo con Gelatina, donde explicó que “el fenómeno del femicidio tiene mucha estabilidad en el tiempo” y que “si bien vemos que los homicidios bajan a nivel mundial, los femicidios se mantienen estables”.
Labozzetta analizó el informe anual de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica que en 2025 hubo 200 femicidios contra 228 en 2024 y 250 en 2023. Sostuvo que “siempre hay que tomar con cautela estos cambios” y que “para sacar conclusiones a largo plazo es necesario que las variaciones se estabilicen en el tiempo”.
Según el informe, seis provincias registraron bajas considerables: Buenos Aires (-20 casos), Córdoba (-7), Corrientes (-5), Entre Ríos (-5), Salta (-5) y Santiago del Estero (-4). Tres provincias tuvieron cero femicidios en 2025: Corrientes, La Pampa y San Juan. En el otro extremo, las tasas más altas de femicidios cada 100.000 habitantes se registraron en Chaco (1,8), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69).
Labozzetta destacó que el 83% de las víctimas conocían a su agresor, el 70% tenían vínculos de pareja, ex pareja o familiar, el 78% de los femicidios ocurrieron en una vivienda y en el 44% hubo hechos previos de violencia de género. “Mayoritariamente las mujeres son asesinadas en sus casas y por alguien de su entorno más íntimo que ya las había agredido antes”, afirmó.
La fiscal sostuvo que “las políticas que impactan en la baja de femicidios son las políticas a largo plazo, las preventivas” y que “la política pública de prevención no puede ser igual a la de otro tipo de fenómenos delictivos”. Agregó que “se requieren políticas públicas específicas y situadas para estas violencias” y que “la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”.