El Ministerio de Seguridad oficializó la creación de unidades especiales en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA para tareas de control migratorio.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, publicó la Resolución 551/2026 en el Boletín Oficial, mediante la cual se crea el Programa de Seguridad Migratoria. El programa establece la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Según la resolución, estas unidades trabajarán en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y actuarán como policía auxiliar. Sus funciones incluyen “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”.
El personal de las fuerzas recibirá capacitación para “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, en coordinación con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y dependencias en todo el país, de acuerdo con el texto oficial.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había manifestado previamente su intención de alinear las políticas migratorias con las del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. En redes sociales, difundió expulsiones de extranjeros acusados de delitos o en situación migratoria irregular.
En los considerandos de la resolución, se menciona que “movimientos migratorios” con “carácter irregular o ilícito” pueden estar “acompañados por actividades de organizaciones criminales” que “constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
La Iglesia Católica argentina, durante el Tedeum del 25 de Mayo y tras un encuentro nacional de obispos, cuestionó las políticas migratorias del Gobierno. Afirmó que los operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”. También sostuvieron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.