El Tribunal de Tasaciones de la Nación fue apartado y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) creó una unidad especial para valuar seis empresas estatales. La justicia federal ya solicitó informes al Ministerio de Economía ante denuncias de irregularidades.
En el marco del proceso de privatización impulsado por el gobierno nacional, se creó una unidad de valuación dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía, para tasar seis empresas públicas. Este organismo reemplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fue apartado de la tarea.
Las empresas incluidas en el proceso son Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. Hasta el momento, el gobierno logró privatizar Transener y las centrales hidroeléctricas.
El presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, decidió de manera unilateral que el tribunal no participara en ninguna de las tasaciones, según informaron fuentes del organismo. Villamonte fue designado durante la gestión de Mauricio Macri y actualmente responde al Ministerio de Desregulación.
La unidad de valuación del BICE fue creada en julio de 2025, luego de la designación de Maximiliano Voss como presidente del banco. Voss, exfuncionario municipal de San Antonio de Areco y de la Ciudad de Buenos Aires, tiene vínculos con el ministro Luis Caputo. También fue designado Felipe Nuñez como director.
Fuentes del BICE indicaron que el Banco Nación y el Banco Central se negaron a realizar las tasaciones. Ante esa situación, el BICE asumió la tarea pese a no tener experiencia previa en valuaciones de empresas estatales.
En el caso de Intercargo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia judicial que fue aceptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. El juzgado solicitó al Ministerio de Economía toda la información sobre la privatización de la empresa, incluyendo la tasación realizada por el BICE. La denuncia señala seis irregularidades: subestimación de proyecciones financieras, uso selectivo de metodologías, opacidad, falta de imparcialidad del BICE, falta de idoneidad y salteo del Tribunal de Tasaciones.
Respecto de las centrales hidroeléctricas, la Fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia en la justicia federal de General Roca, provincia de Río Negro, argumentando que las empresas fueron vendidas sin un valor oficial. En ese proceso, dos centrales quedaron en manos de los hermanos Juan y Patricio Neuss, a través de la empresa Edison.
En cuanto a Nucleoeléctrica, fuentes internas de la empresa señalaron que la tasación actual oscila entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, mientras que el gobierno busca vender el 44% de las acciones por aproximadamente 1.000 millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones se negó a realizar la valuación, según denunciaron las mismas fuentes.
El gobierno nacional anunció en 2024 que estas seis empresas serían privatizadas. El proceso de tasación debía ser realizado por el Tribunal de Tasaciones, pero su presidente decidió delegar la tarea en el BICE. La justicia investiga si hubo violaciones a la Ley 23.696, que exige máxima transparencia y publicidad en los procedimientos de privatización.