El máximo tribunal dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones. La orden alcanza a 111 bienes y a los condenados, incluida la expresidenta.
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, y dejó firme la actualización del monto del decomiso, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.
La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes. El Tribunal Oral Federal 2 ya inició el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos presentados por Kirchner y Lázaro Báez, entre otros acusados, que se oponían al decomiso y al sistema de actualización fijado por los jueces de la causa.
El monto original fue actualizado según un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y esa cifra quedó firme. Por el decomiso deben responder solidariamente todos los condenados. Entre ellos, quienes conservan bienes de magnitud son Cristina Kirchner, ya que los activos de Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en otra condena por lavado de dinero.
En la causa se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según el expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez.
El año pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López a seis años de prisión. También quedaron condenados Juan Carlos Villafañe a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich a tres años y seis meses.
Todos fueron hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la adjudicación de contratos de obra pública vial en la provincia. Por esta causa, la ex presidenta cumple desde hace un año la condena bajo régimen de arresto domiciliario.
Casación también había confirmado la decisión del tribunal de ejecución que fijó el decomiso y su actualización. Con la resolución de la Corte, quedaron firmes tanto esa cifra como los rechazos a los planteos contra las medidas de ejecución patrimonial.