La jueza federal de Garantías 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, extendió la investigación preparatoria y las detenciones y rechazó todos los pedidos de morigeración y arresto domiciliario.
La jueza federal de Garantías 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió este miércoles prorrogar la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva de los ocho policías chaqueños imputados en la causa conocida como “narcopolicías”, con vencimiento el 1 de septiembre. La decisión se tomó en una audiencia en la que participaron los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal, y en la que las defensas hicieron reserva de recurrir la resolución.
La magistrada fundamentó la prórroga en la subsistencia del riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y remarcó que la condición policial de los imputados agrava ese riesgo: sostuvo que su carácter de funcionarios les da acceso privilegiado a información, conocimiento del funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad y vínculos funcionales que podrían utilizar para presionar a testigos, obtener información reservada u interferir de otro modo en la producción de prueba. Consideró que esos riesgos se agudizan por tratarse de una investigación que involucra a integrantes de una misma estructura policial y que todavía se encuentra en etapa preparatoria.
Niremperger valoró además la gravedad de la imputación —tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la calidad de funcionario público, en concurso con peculado, con intervención organizada de varias personas— y el grado de avance de la causa como factores que sostienen la vigencia de las medidas de coerción. Sostuvo que el mero transcurso del tiempo no elimina esos riesgos, ni tampoco el hecho de que los imputados se encuentren suspendidos o separados de sus funciones dentro de la fuerza.
Rechazo a los pedidos de domiciliaria
La jueza denegó el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Néstor Urne Canteros, que había invocado la situación de desamparo de sus dos hijos menores —una nena de cinco años y un adolescente— y había presentado informes multidisciplinarios sobre el impacto psicológico de la detención en ambos. Niremperger reconoció el principio del interés superior del niño, pero sostuvo que ese principio no opera de forma automática para sustituir la prisión preventiva y que no se acreditó la inexistencia de otros mecanismos de cuidado familiar: remarcó que los chicos permanecen bajo el cuidado efectivo de su madre, quien ejerce la responsabilidad parental.
También rechazó la domiciliaria pedida por la defensa de Gastón Villalba, que había invocado un cuadro asmático agravado por las condiciones de su lugar de alojamiento y limitaciones en el acceso a atención médica. La jueza consideró que no se acreditó una situación de emergencia médica que tornara indispensable la sustitución del régimen de detención, aunque reconoció el deber estatal de garantizar condiciones de detención compatibles con la atención sanitaria que su cuadro pudiera requerir. En ese sentido, dispuso que la oficina judicial gestione el traslado de Villalba —actualmente alojado en una dependencia policial, de manera transitoria, por falta de cupo en el servicio penitenciario— a una unidad carcelaria próxima a su domicilio y entorno familiar.
Sin novedades para pedir la morigeración
La magistrada también rechazó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva reiterados por las defensas de Gustavo Quizama, Franco Ramírez y Juan Nicolás Almirón Núñez, al considerar que no aportaron hechos ni argumentos nuevos que justificaran apartarse de lo resuelto anteriormente sobre los mismos planteos. En el mismo sentido denegó los pedidos de modificación presentados por las defensas de Francisco García, Gustavo Jesús Acosta y César Alegre, señalado como presunto cabecilla de la organización.
La resolución llega poco más de un mes después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara las prisiones preventivas de Alegre, Ramírez, García y Villalba y rechazara en esa instancia los mismos planteos de arresto domiciliario, incluido el de Ramírez por el entonces avanzado embarazo de riesgo de su pareja.
La causa investiga a un grupo de policías chaqueños acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante el operativo de incineración judicial realizado el 18 de diciembre de 2025 en Colonia Benítez, en el que se destruían más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína.
Según la hipótesis fiscal, los efectivos habrían ocultado los estupefacientes en mochilas y en un patrullero con el objetivo de retirarlos del predio sin ser detectados, siendo frustrados por funcionarios judiciales presentes en el lugar.
Con el transcurrir de las pesquisas se constató que una de las modalidades utilizadas por la organización criminal era cambiar los ladrillos de cocaína que iban a ser incinerados por ladrillos de yeso, con similares características y tamaño. Uno de los imputados, al ser interrogado, dijo que el yeso lo usaba para afiliar su navaja de barbero, profesión que dijo ejercer en paralelo con la de policía.