miércoles, 15 julio, 2026
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Provincias del Norte Grande advierten sobre crisis estructural en el sistema de salud

Ministros de Salud de ocho provincias del norte argentino se reunieron en Santiago del Estero para analizar la situación del sistema sanitario. Señalaron un desfinanciamiento del Programa Federal Incluir Salud y acordaron presentar un documento en el Consejo Federal de Salud.

Ministros y ministras de Salud de las provincias del Norte Grande se reunieron en la capital de Santiago del Estero para abordar lo que definieron como una “crisis estructural del sistema de salud pública”. El encuentro, encabezado por la ministra de Salud santiagueña, Natividad Nassif, reunió a autoridades de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Chaco y Misiones.

Durante la reunión, los funcionarios coincidieron en que el sistema trabaja “al límite” y que los recortes nacionales amenazan con paralizar tratamientos vitales para miles de pacientes. Como resultado, se consensuó un documento crítico y la conformación de una mesa federal permanente de seguimiento del Programa Federal Incluir Salud, con participación de la Nación y las provincias. El documento será presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).

El Programa Federal Incluir Salud fue creado en 2011 para garantizar cobertura médico asistencial gratuita a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, mayores de 70 años en situación de pobreza, excombatientes de Malvinas y otros beneficiarios de pensiones asistenciales que no cuentan con obra social ni prepaga. El programa funciona mediante un esquema de financiamiento nacional y gestión provincial descentralizada: la Nación transfiere fondos a las provincias adheridas, que administran los recursos a través de sus Unidades de Gestión Provincial (UGP).

Entre las prestaciones que cubre se encuentran medicamentos de alto y bajo costo, tratamientos de diálisis, trasplantes, rehabilitación, prótesis, ortopedia, internaciones domiciliarias, soporte nutricional, oxigenoterapia y transporte para tratamientos.

Las autoridades sanitarias señalaron que el desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional obligó a las provincias a realizar aportes con recursos propios para evitar la interrupción de tratamientos, sostener la provisión de medicamentos, garantizar las prestaciones de diálisis y sus traslados, y dar respuesta a situaciones clínicas que no admiten demoras. Según los funcionarios, esta situación “genera incertidumbre en pacientes y familias, sobrecarga a los equipos provinciales, profundiza las desigualdades territoriales y aumenta los procesos de judicialización”.

En Corrientes, el ministro de Salud, Emilio Lanari Zubiaur, informó que la provincia realiza acuerdos con clínicas privadas para atender a pacientes indigentes que esperan cirugías programadas en hospitales públicos. En Misiones, el ministro Héctor González presentó ante la Legislatura provincial datos que indican que la salud pública absorbe el 80% de la demanda sanitaria provincial y que la demanda creció hasta un 20% en el último año, debido al desplazamiento de pacientes desde el sector privado hacia el público. En Salta, el ministro Federico Mangione afirmó: “Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio”.

Según un informe de la organización Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2024 el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación registró una caída real del 31%. En 2025 se observó una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023. En el área de programas sanitarios, en 2024 el presupuesto ejecutado descendió un 35% en términos reales. El programa SUMAR sufrió una caída del 28%, mientras que el Programa de VIH registró una reducción real cercana al 50%. En 2025, la caída total en programas sanitarios se moderó pero persistió una reducción real del 14%.

En el Presupuesto 2026, aprobado por el Senado en diciembre de 2025, los fondos destinados a Salud aumentan un 2,7% real, pero las partidas específicas para el Ministerio de Salud caen un 13,7% en la proyección para 2026. Además, el Presupuesto 2026 contempla un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI, lo que implica una caída del 2,5% real en los gastos totales del Estado respecto al cierre previsto para 2025. En mayo de 2025, con la recaudación en picada, el Gobierno recortó el presupuesto en el área de salud por casi 3 billones de pesos, reduciendo partidas que preveían apenas 226.469 millones a unos 3,2 billones.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los primeros dos años de la gestión del presidente Javier Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió recortes del 70%, el Instituto Nacional del Cáncer del 54%, los fondos destinados a los hospitales nacionales cayeron hasta un 38%, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió un ajuste del 14%. La ejecución presupuestaria también cayó en el Instituto Malbrán (-22%), la ANMAT (-28%) y en los programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, con caídas que llegan hasta el 100%.

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