El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos iniciará una campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional, a la que considera una amenaza para su soberanía.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes que su país pondrá en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional (CPI) para la soberanía estadounidense”.
La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene como misión juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Estados Unidos firmó el tratado pero no lo ratificó.
Rubio afirmó que presionará a los 125 Estados miembros de la Corte para que se retiren de la institución, sancionará a las organizaciones que colaboren con ella y prohibirá a su personal viajar a Estados Unidos.
“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de su país”, señaló el Departamento de Estado.
“Los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes de Estados Unidos desde la ratificación de la CPI sostuvieron que dicho tribunal carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. La CPI abrió anteriormente una investigación contra militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos y, desde entonces, se negó a cerrar estos casos”, agregó.
Además, Estados Unidos instará a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de EE.UU.” a que rechacen la jurisdicción de la Corte sobre los ciudadanos estadounidenses.
La Administración Trump ya impuso sanciones contra el fiscal jefe Karim Khan y otra docena de miembros de la CPI en represalia por las órdenes de detención que la Corte dictó contra altos funcionarios israelíes en relación con la guerra de Gaza y las investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán.
El Estatuto de Roma otorga a la CPI jurisdicción sobre los delitos que se produzcan en el territorio de los Estados miembros o que sean cometidos por nacionales de dichos Estados.
La Unión Europea condenó el anuncio. “Estamos facilitando todas las medidas adecuadas, incluidas las vías diplomáticas, jurídicas y financieras, que puedan ayudar a garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI”, declaró a los periodistas la portavoz de la Comisión Europea, Siobhan McGarry.
Las sanciones afectan gravemente a la Corte: impiden que los funcionarios de la CPI y sus familias entren en Estados Unidos, bloquean su acceso a servicios financieros básicos y se extienden a detalles de su vida cotidiana.