A casi un año y medio del ataque al fotógrafo Pablo Grillo frente al Congreso, sus familiares señalaron que Gendarmería y la Policía Federal omitieron información clave en los registros oficiales incorporados a la causa judicial.
La familia del fotógrafo Pablo Grillo denunció públicamente que las fuerzas de seguridad habrían omitido información fundamental de los registros oficiales incorporados al expediente judicial que investiga el ataque ocurrido el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso Nacional. Según sostienen, esto constituye un nuevo intento de encubrimiento.
En un comunicado difundido este viernes, los familiares afirmaron que los reportes entregados por Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan irregularidades que coinciden con el momento en que Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada contra su cabeza durante la movilización de jubilados. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?”, expresaron.
La denuncia apunta a la ausencia de la franja horaria entre las 17 y las 17.59 en las transcripciones de las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad remitidas a la Justicia. La abogada querellante Claudia Cesaroni señaló que la documentación entregada por la Policía Federal supera las 600 páginas, pero omite precisamente la hora en que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido. “Justo falta una hora: la que va entre las 17 y las 17.59. Es exactamente el momento en que Guerrero le disparó la granada que impactó en la cabeza de Pablo”, afirmó la letrada.
El expediente judicial ya había desmentido la versión oficial difundida tras la represión. La investigación, mediante el trabajo de reconstrucción del colectivo Mapa de la Policía y pericias audiovisuales y balísticas, estableció que el disparo fue efectuado por el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, quien lanzó la granada en forma prácticamente horizontal, en violación de los protocolos nacionales e internacionales para el uso de lanzagases. Las pericias determinaron que el proyectil viajó a aproximadamente 280 kilómetros por hora e impactó directamente sobre Grillo, descartando la hipótesis oficial que atribuía las lesiones a un rebote.
Como consecuencia, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Permaneció casi tres meses internado en terapia intensiva y continúa en rehabilitación, con pronóstico reservado y posibles secuelas neurológicas permanentes. En octubre de 2025, la jueza María Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado, resolución confirmada por unanimidad por la Cámara Federal.
La querella, integrada por la familia de Grillo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sostiene que la investigación debe abarcar a la cadena de mando del operativo represivo y esclarecer el rol de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, entonces encabezado por Patricia Bullrich.
En el comunicado, los allegados vincularon el avance de la investigación con la recuperación del fotógrafo: “Pablo está mejorando y para que su salud continúe en alza necesitamos aferrarnos a la luz de la verdad sobre lo que ocurrió esa tarde”. Concluyeron: “Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme, nada oculta”.
En mayo de 2026, una muestra fotográfica con imágenes de Pablo Grillo iba a inaugurarse en el Senado de la Nación, pero fue suspendida horas antes. Organismos de derechos humanos, periodistas y referentes culturales cuestionaron la decisión como un acto de censura.