El comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, detalló los alcances de la presentación de la defensa de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El planteo cuestiona aspectos vinculados a su condena, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y sus condiciones de detención.
En declaraciones a CIUDAD TV, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Roberto Sotelo, explicó los alcances de la presentación y detalló las etapas del proceso.
Sotelo señaló que el reclamo fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado al que Argentina adhirió y ratificó en 1986.
El especialista indicó que la presentación se sostiene sobre tres ejes: la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la condena y prisión de la expresidenta, y los cuestionamientos sobre la integración e independencia del Poder Judicial argentino.
Respecto de la inhabilitación, Sotelo afirmó que la defensa solicitó una medida provisional para suspender sus efectos mientras se analiza el caso de fondo. “Lo que solicitan ellos con esta suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos es como medida preventiva. Es decir, mientras se sustancia este proceso, solicitan que se pueda habilitar a la expresidenta para poder presentarse ante futuras candidaturas”, sostuvo.
El trámite ante el organismo internacional, según Sotelo, puede extenderse entre dos y cinco años, aunque durante ese período pueden dictarse medidas preventivas si se considera que existe una afectación grave de derechos.
El segundo eje está vinculado a la condena y las condiciones de detención. La defensa planteó cuestionamientos sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, especialmente respecto a las restricciones para recibir visitas.
El tercer punto refiere a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que están solicitando es justamente la composición integral de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las reglas que se establecen en la normativa vigente”, explicó Sotelo.
El proceso ante la ONU comienza con una etapa de análisis de admisibilidad, en la que el Comité determinará si cumple con los requisitos formales. Luego, se notificará al Estado argentino para que realice su descargo. Posteriormente, la defensa podrá responder y finalmente el organismo emitirá un dictamen.
Sotelo aclaró que la intervención del Comité no reemplaza las decisiones de la Justicia argentina. “No suplanta al Poder Judicial del Estado argentino, no suplanta las decisiones soberanas del Estado y del Poder Judicial, lo que sí establece es un dictamen que tiene obligatoriedad porque Argentina adhirió y se sometió a la competencia”, afirmó.
En caso de un pronunciamiento favorable, el Estado argentino deberá analizar la forma de cumplir con las observaciones realizadas.
El especialista mencionó antecedentes de presentaciones individuales ante organismos internacionales, como el caso “Portillo Cáceres contra Paraguay”, resuelto en 2019, donde el Comité determinó responsabilidad del Estado paraguayo. Ese proceso demandó aproximadamente cuatro años.
Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda presentarse a futuras elecciones, Sotelo señaló que ese objetivo forma parte de la estrategia de la defensa, pero dependerá de la decisión del organismo internacional. “Hay que tener en cuenta también la realidad del caso: agotada la vía interna, es decir, ya la Corte Suprema se expidió y por lo tanto debe intervenir la instancia internacional”, indicó.