La delegada de ATE, Julia Scarensi, informó que el gremio se movilizará contra el régimen de retiro voluntario dispuesto por decreto del Gobierno nacional. Sostuvo que la medida implica la pérdida de capacidades para el Estado y cuestionó las condiciones de adhesión.
La delegada de ATE, Julia Scarensi, dialogó con CIUDAD TV sobre la movilización que el gremio realizará para rechazar los retiros voluntarios dispuestos por decreto del Gobierno nacional. Según la dirigente, la organización considera que se trata de “despidos extorsivos” y convoca a la medida de fuerza como modo de protesta.
“Desde nuestra organización lo vemos de ese modo porque venimos sosteniendo, desde que empezó este gobierno, que si vos trabajas en una oficina pública que la vacían de presupuesto, de tareas, que perdés el derecho a la estabilidad laboral, a la capacitación, al desarrollo de tu carrera administrativa, que te inviten a retirarte es cuestionable”, sostuvo Scarensi.
“Si bien el decreto y desde el punto de vista legal se llama retiro voluntario, la voluntad de los trabajadores estatales en este momento, la verdad es que no está libre de condicionamientos”, agregó.
Señaló que en el expediente que desarrolló el decreto, publicado en el Boletín Oficial este lunes, “ellos hacen una estimación de que hay aproximadamente 20 mil personas que reúnen las condiciones que ellos establecieron para acogerse o adherirse a este régimen. Pero de todos modos ellos mismos estiman que solo un 10% de esas personas van a optar por esto”.
Respecto de las compensaciones, comentó que se plantean tres grupos de personas que reúnen distintas condiciones: “especialmente apuntan a las personas que no tienen la edad jubilatoria ni reúnen los aportes. También a aquellas personas que tal vez sí están cerca de la edad pero no la llegan a cumplir y sí reúnen los aportes y un tercer supuesto en donde no se cumplen ni la edad ni los aportes”.
Ejemplificó: “una mujer de unos 57 años que entraría en el tercer supuesto con 15 años de antigüedad en la administración pública se va con aproximadamente 50 millones de pesos y tiene que subsistir con eso hasta cumplir los 60. Ver cómo hace con el resto de los aportes que no llegó a cumplir. Y en el caso de que opte por un pago único, porque se puede optar por un pago único o por un pago mensual, también se tiene que gestionar por sí misma la cobertura médica”, advirtió la delegada.
Recalcó que los trabajadores estatales nacionales “tenemos congelados virtualmente nuestros salarios desde que asumió el gobierno de Milei, con lo cual ni siquiera con el salario de actividad, con los aportes, con la prepaga, que está funcionando bastante mal, por cierto, se puede pensar que con un solo salario una familia puede subsistir mucho menos pensando en personas a cargo, ya sea sean niños, adultos mayores o personas con discapacidad”.
Aseguró que “no ha habido una negociación, por lo menos no con ATE, y mucho menos en los términos en los que la negociación colectiva debería darse y hay una restricción específica sobre que quienes se adhieran a este régimen no pueden volver a trabajar en el empleo público nacional por los siguientes 8 años y con el agravante, además, de que se eliminan estos cargos en sentido presupuestario, es decir, por 2 años, incluso más allá de la finalización del gobierno de Milei, estos cargos no pueden ser concursados ni cubiertos”.
Dijo que todos los organismos de la administración centralizada, es decir, todos aquellos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, son los más afectados, “pero muy especialmente aquellos en los que el gobierno ha decidido, ha tomado la definición política de suspender la ejecución de las políticas públicas. En ámbitos como el desarrollo social, la salud, la educación el Estado está virtualmente congelado. Hay una decisión deliberada de no ejecutar las políticas públicas y el hecho de que trabajadores con 15, 20, 25 años de experiencia en el Estado se adhieran a este régimen implica la pérdida de esas capacidades para el Estado y para la continuidad de las políticas públicas”.
Recordó que este mismo programa se aplicó en 1991, financiado por el BID. “Es una réplica y al igual que en ese entonces hoy ATE se opone, se enfrenta y rechaza este régimen. Nosotros entendemos que la forma de hacerlo es ejerciendo nuestro derecho a la protesta, que está vigente, que existe, por más que el gobierno quiera negarlo y quiera actuar siempre desde el lugar de la represión al respecto, en vez del diálogo y las posibilidades de resolver. Es el gobierno el que ha tomado esa decisión y por lo tanto nuestra organización sí toma las medidas que corresponden a un sindicato que resiste la destrucción y el desguace del Estado”.