El Tribunal Oral Federal Nº 5 inició este viernes el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que se busca determinar si fondos públicos recibidos por empresarios retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de negocios hoteleros e inmobiliarios. La expresidenta y su hijo participaron de forma virtual.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes a las 10.10 en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con la conexión virtual de la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.
El secretario del tribunal anunció que faltaba la conexión de Lázaro Báez. El juez Michilini destacó lo «excepcional» del sistema de participación a distancia. En la sala estuvo presente el abogado de la expresidenta, Carlos Alberto Beraldi, y el excontador Víctor Manzanares, quien asistió acompañado por su defensor Roberto Herrera.
La jornada está destinada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía. Si no hay acuerdo para leer un resumen, el trámite puede extenderse varios días, durante los cuales Cristina y Máximo Kirchner deberán permanecer conectados.
El proceso busca determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de negocios hoteleros e inmobiliarios. La causa se relaciona con el expediente por Vialidad, en el que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez en Santa Cruz.
Según la documentación del juicio, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013. Además, por parte de Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, la familia Kirchner recibió más de 19 millones de pesos, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero.
La acusación sostiene que los vínculos comerciales fueron utilizados para lavar dinero, mientras que las defensas argumentan que se trató de negocios legítimos y que los pagos están bancarizados, por lo que no hubo intento de ocultamiento. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideran a Vialidad como delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio se desarrollará con tres audiencias semanales y será transmitido por YouTube, según indicaron fuentes judiciales. Los imputados podrán participar de manera virtual durante esta etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores deberán estar presentes en la sala.
El origen de la maniobra, según la acusación, comenzó en 2008 con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a Osvaldo Sanfelice para concretar la operación. Los fiscales identificaron tres fuentes de financiamiento: negocios inmobiliarios y préstamos con empresas de Báez; compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz; y créditos del Banco de Santa Cruz.