Ignacio Sinkovich, abogado que representó a los empleados de Exen Gym, se refirió a las consecuencias económicas y laborales del cierre de las sucursales tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que dictó la falta de mérito de los imputados en la causa por presunto lavado de activos. Advirtió que una eventual demanda por daños podría recaer en el Estado y cuestionó el secuestro de equipamiento.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito de todos los imputados en la causa por presunto lavado de activos del narcotráfico vinculada a la cadena de gimnasios Exen Gym, y ordenó su libertad. La decisión, según explicó el abogado Ignacio Sinkovich en declaraciones a CIUDAD TV, se basó en que no se encontraron elementos probatorios suficientes para vincular el crecimiento patrimonial de los empresarios con un posible origen ilícito.
“Básicamente, la Cámara de Apelaciones dictó una falta de mérito, entendiendo que no hay elementos de prueba suficientes que vinculen el crecimiento patrimonial que tuvieron estos empresarios con un posible origen ilícito”, señaló Sinkovich, quien representó a los trabajadores de la cadena.
La falta de mérito no equivale a un sobreseimiento definitivo ni implica el cierre de la investigación, según precisó el letrado.
Consecuencias laborales y económicas
Sinkovich recordó que en una etapa anterior del expediente solicitó la reapertura de tres de las siete sucursales para preservar los puestos de trabajo, medida que fue rechazada por la jueza federal Zunilda Niremperger. Los trabajadores decidieron no apelar esa resolución. El abogado consideró que, en las actuales circunstancias, correspondería a los propios imputados gestionar la recuperación de los bienes y la reanudación de la actividad comercial.
“Nosotros solamente pedíamos la apertura de tres de las siete sucursales para mantener los puestos de trabajo, por lo menos de forma reducida”, explicó.
El cierre afectó a empleados con jornadas completas que dependían de esos ingresos. Algunos consiguieron otras ocupaciones con salarios menores y otros recurrieron a actividades informales. “Los empleados siempre destacaban que eran excelentes patrones y que era un clima muy lindo. Por eso, cuando se los entrevistaba, decían: ‘Nosotros queremos volver a trabajar’”, recordó Sinkovich.
Tras la decisión de la Cámara, el abogado se comunicó con uno de los trabajadores, quien manifestó alegría ante la posibilidad de una solución, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de las sucursales y la recuperación de los empleos.
Cuestionamientos al operativo y al secuestro de máquinas
Sinkovich cuestionó el despliegue judicial que derivó en el cierre de los gimnasios y el secuestro de las máquinas. “Parecía una película de Hollywood”, afirmó. Sostuvo que existían alternativas para controlar la actividad sin paralizarla, como confeccionar un inventario de las máquinas, establecer controles sobre los establecimientos o disponer que las cuotas de los clientes se depositaran en una cuenta judicial.
“Resultaría desproporcionado e innecesario todo el secuestro de las máquinas que hubo, todo el despliegue”, sostuvo.
También mencionó daños materiales durante los procedimientos, como la rotura de una puerta de vidrio en una sucursal de avenida Las Heras y el estado en que fue restituido el inmueble de calle Santiago del Estero, donde se retiraron elementos como el piso de caucho. El inmueble fue entregado a un familiar de los propietarios que lo alquilaban a la cadena, tras presentarse como depositario judicial. El abogado cuestionó el retiro de objetos sin relación directa con la investigación, como elementos de los sanitarios. “¿Quién se hace cargo de todos esos daños? ¿Quién se hace cargo de todos los gastos?”, insistió.
Riesgo de demanda contra el Estado
Sinkovich advirtió que los imputados podrían reclamar una reparación por los daños sufridos, como el tiempo detenidos, el bloqueo de cuentas, el cierre de negocios y la exposición pública. “Lo más triste es que, de haber una mala praxis judicial, en el caso de que no se llegue a una sentencia condenatoria y finalmente estos imputados queden todos sobreseídos, no lo van a pagar el juez, la jueza ni el fiscal de su bolsillo, sino que lo vamos a pagar todos los argentinos en una demanda que podría ser la más grande en la historia por los perjuicios ocasionados”, afirmó.
No obstante, reconoció que cualquier responsabilidad estatal dependerá de cómo evolucione el expediente y de las decisiones posteriores. La falta de mérito no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad judicial ni garantiza que prospere una futura demanda indemnizatoria.
Sinkovich también recordó otros casos en los que se realizaron allanamientos y cierres temporales, pero luego se permitió la reapertura bajo controles, lo que demostraría que era posible aplicar medidas menos restrictivas.
Clientes, proveedores y equipamiento
El cierre también afectó a clientes que habían pagado planes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y no pudieron utilizar los servicios. “Hay gente que pagó todo el año. Si no se abre el gimnasio, ¿quién va a pagar eso?”, preguntó Sinkovich, al señalar que no hay certezas sobre el destino de esos abonos.
Asimismo, algunos proveedores habrían quedado con pagos pendientes por mercadería entregada para la venta en los gimnasios, que también comercializaban suplementos, alimentos y bebidas.
El abogado indicó que no existe claridad sobre la ubicación de todo el equipamiento secuestrado: algunas máquinas estarían en dependencias de la Escuela de Policía y otras en un galpón. Además, parte del equipamiento no pertenecería directamente a los imputados, sino que habría sido incorporado mediante contratos de leasing.
La devolución de esos bienes y la eventual reapertura de los establecimientos son cuestiones centrales para destrabar el conflicto económico.
Expectativa de reapertura
Sinkovich consideró que, tras la decisión de la Cámara, corresponde que los imputados soliciten la devolución de las máquinas y las autorizaciones para reanudar la actividad, mientras la causa continúa. “Hoy tienen quizá un derecho más legítimo. Esta investigación no avanzó ni para atrás ni para adelante. Ya tuvieron una sentencia contundente de la Cámara de Apelaciones que, si bien no está firme procesalmente, es aplicable por el momento”, expresó.
La resolución judicial abrió una nueva etapa en el expediente, pero no resolvió las consecuencias económicas y laborales del cierre. Trabajadores, clientes, proveedores y propietarios de los inmuebles esperan respuestas sobre quién asumirá los costos de la actividad paralizada y si será posible recuperar parte de lo perdido.