La cuenta regresiva ya empezó. El Gobierno nacional de Javier Milei llevará al recinto en febrero su proyecto de reforma laboral y, en ese escenario, Martín Llaryora se prepara para una pulseada política que promete ser una de las más intensas del año legislativo. El mandatario cordobés aparece como uno de los referentes de Provincias Unidas, que reúne 22 bancas en la Cámara de Diputados, un número nada despreciable en un Congreso sin mayorías automáticas.
Lejos de una confrontación abierta, Llaryora eligió un camino que en el Centro Cívico no dudan en calificar de mesura estratégica. En privado, admite estar de acuerdo con una “modernización de las leyes laborales”, pero traza límites claros que resultan difíciles de digerir para los libertarios: no afectar los derechos adquiridos de los trabajadores y evitar cualquier recorte de recursos a las provincias.
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Antes de las elecciones de octubre, y en una reunión de la que trascendieron pocos detalles, Llaryora asumió un compromiso con la cúpula de la CGT nacional: no avalar recortes en los derechos laborales. Ese acuerdo, según reconocen en el Centro Cívico, sigue plenamente vigente y funciona como un ancla en la negociación que se avecina. En ese marco, el gobernador busca diferenciarse tanto del rechazo cerrado como del acompañamiento sin condiciones. El mensaje es claro: la discusión es necesaria, pero no a cualquier precio.
La alarma fiscal en Córdoba
Donde la preocupación es abierta, y en Córdoba nadie lo disimula, es en el plano fiscal. Aunque todavía no se conoce la letra chica del proyecto oficialista, lo que trascendió encendió luces de alarma en el Panal. La eventual rebaja del Impuesto a las Ganancias tendría un impacto superior a los 90 mil millones de pesos anuales para Córdoba. Para tomar verdadera magnitud del impacto, ese número equivale, casi en su totalidad, al ahorro previsto para este año con la reforma previsional que impulsó Llaryora y que hoy es resistida por los gremios estatales. En resumen: lo que el gobernador busca ordenar, por un lado, podría perderlo por otro.
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En la Casa de Gobierno provincial aseguran que harán valer la carta para sentarse a negociar: los 22 diputados de Provincias Unidas pueden resultar decisivos para aprobar —o bloquear— la reforma laboral. No es un dato menor en un Congreso donde cada voto cuenta. En esa estrategia aparece un aliado central para Llaryora: el santafesino Maximiliano Pullaro. Ambos coinciden en el reclamo de compensaciones por lo que perderán sus provincias si se avanza con la rebaja de Ganancias. Entre Córdoba y Santa Fe, el impacto ronda los 200 mil millones de pesos anuales.
En la discusión que se viene, Juan Schiaretti será una pieza central. El diputado ya hizo saber que asumirá su banca en febrero y tendrá un rol central en el debate por la reforma laboral, en tándem con Miguel Pichetto. Desde el entorno del exmandatario destacaron que el estado de salud del ‘Gringo’ es muy bueno y pusieron énfasis en que antes de asumir habrá reunión con Llaryora para afinar detalles en la previa de la discusión que se viene.