La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó argumentos ante la Justicia para rechazar un pedido de suspensión del DNU 941/2025, citando el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) presentó en las últimas semanas sus argumentos para pedirle a la Justicia que rechace un pedido que busca suspender las modificaciones de la ley de inteligencia, establecidas en el DNU 941/2025. La normativa fue objetada ante el Fuero Contencioso Administrativo, entre otras cuestiones, por habilitar detenciones sin orden judicial.
En ese marco, los representantes legales del organismo invocaron el atentado sufrido por la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como uno de los argumentos para sostener la normativa. La presentación, firmada por los abogados Nicolás Vinuesa y Sofía Ansalone, se dio en el marco de un expediente iniciado por la diputada nacional Mónica Frade junto a sus pares Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro.
El DNU 941/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei en un acuerdo general de ministros el 31 de diciembre de 2025. Los legisladores pidieron que se dicte una medida cautelar que suspenda la vigencia y los efectos de la normativa, además de todo acto dictado en su cumplimiento.
Antes de resolver ese tipo de planteos, la jueza Rita Ailán pidió un informe a la parte demandada, que fue contestado semanas atrás. Allí, la SIDE pidió que se rechace la pretensión por improcedente y sostuvo que “la desidia en la gestión del aparato de inteligencia estatal, el abandono en materia de producción de inteligencia y la falta de efectividad de las capacidades de seguridad del Estado se visibilizó en los distintos eventos terroristas en los cuales nuestro país fue víctima”.
Los representantes de la SIDE enumeraron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, e incorporaron “otros eventos de gravedad institucional tales como la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman y la tentativa de magnicidio a la ex presidente de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”.
La mención de esos episodios fue para defender la normativa y diferenciarla de reformas anteriores que, desde la óptica oficial, “implicaron un notorio retroceso institucional” para la inteligencia estatal. Los representantes del organismo defendieron el proceso de reforma encarado por la gestión del presidente Javier Milei con el asesor Santiago Caputo a la cabeza, y plantearon la necesidad de “transparentar sus actividades y contar con sistemas de control efectivos”.
El DNU ha recibido múltiples cuestionamientos, desde el hecho de que todas las actividades de inteligencia nacional pasan a ser encubiertas hasta la facultad de detención de personas sin orden judicial. Los diputados que impulsaron la acción judicial señalaron: “Estaremos, de habilitarse este DNU, ante un Estado que no vea al ciudadano como titular de derechos, sino como un ‘sospechoso’, cuando así convenga al organismo o así lo decidan las autoridades del momento”.
Tras el informe de rigor, la jueza a cargo del expediente giró las actuaciones a la fiscalía para que dictamine si corresponde hacer o no lugar a la petición de los legisladores. Se espera un pronunciamiento del fiscal Miguel Ángel Guilligan en los próximos días.